
El conflicto que mantiene el grupo chino Joyvio, dueño de la salmonera Australis, con el empresario chileno Isidoro Quiroga -ex controlador de la firma-, no ha dejado de escalar desde su visibilización mediados de marzo.
Es importante recordar que la actual administración de Australis, que depende de la transnacional china, acusa al anterior dueño -quien les vendió la compañía en una transacción sellada en julio de 2019 por US$921 millones- de ocultar información relativa a una serie de infracciones ambientales y sobreproducción en el proceso de due diligence, que habría llevado a Joyvio a hacerse una idea errónea de la salmonera.
La acusación involucra también al directorio de la época y a ejecutivos de confianza de Quiroga. De esta forma, los asiáticos buscan la devolución del valor pagado por la empresa -los US$921 millones-, más US$300 millones adicionales por daños y perjuicios.
Por su parte, el pasado lunes 03 de abril, el excontrolador de la empresa acuícola, acusado por los asiáticos de ocultar información en el proceso de venta que significó a los chinos un desembolso de US$900 millones, interpuso ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra del presidente de Joyvio Foods, Shaopeng Chen, y del gerente general de ASF, Andrés Lyon, y de otros 10 directores y ejecutivos chinos.
“Pueblo chico, infierno grande”, «hoy estamos todos revisando más quisquillosamente la cantidad de producción, el lugar y la mortalidad. La autoridad está súper encima”, manifestaron los accionistas de dos empresas salmonicultoras al citado medio.
Asimismo, el presidente del gremio más grande del sector, SalmonChile, Arturo Clement, enfatizó que “el sector salmonicultor es una actividad regulada y fiscalizada, que cumple la normativa ambiental vigente, por lo que no puede decirse que la sobreproducción es una práctica transversal a toda la industria”.
«Desde larga data hemos promovido buenas prácticas para reducir las brechas en aquellos ámbitos que aún persisten. Esto ha sido un proceso evolutivo, de menos a más, y gracias a la tecnología, el conocimiento, la experiencia y a la misma autoridad, hemos avanzado mucho. Con todo, y como siempre hemos afirmado: todas las empresas deben cumplir el marco regulatorio vigente y contribuir, con su actividad, al desarrollo sostenible de la salmonicultura”, agregó.
Lo cierto es que las fiscalizaciones han aumentado y lo mismo que las sanciones. Entre las empresas del rubro hay preocupación. Algunas han aceptado la mano más dura de la autoridad y presentado planes de cumplimiento para ajustarse a la producción máxima que tienen aprobada, pero otras han acusado a la autoridad de arbitrariedad y un conflicto de regulaciones, entre la ley ambiental y la de pesca.
Datos de la misma Superintendencia de Medio Ambiente dan cuenta de que hay 38 procesos sancionatorios iniciados por sobreproducción entre 2015 y 2023. Claro que el grueso se concentra desde 2019, con Nova Austral que sobreprodujo gravemente en tres centros y la autoridad pidió revocar los permisos.
“Respecto a la sobreproducción, en 2020 se inició un trabajo con Sernapesca para el traspaso de información entre servicios, generando el Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA). Con esto se obtiene información de mortalidad, cosecha y existencias reportada semanalmente por los titulares de Centros de Engorda de Salmónidos (CES), la cual ha permitido generar el cálculo de producción de cada centro. De esta forma, la Superintendencia generó una herramienta que permitió -de forma inédita durante 2022- realizar un análisis masivo y automatizado de la producción de los CES, con un universo de fiscalización superior a los 600 centros”, responden desde la Superintendencia de Medio Ambiente, liderada por Marie Claude Plumer.
En la industria saben que hay más mano dura con la fiscalización y están preparándose para mayores sanciones. Muchos, por lo mismo, han preferido autodenunciarse y ofrecer un plan de cumplimiento.
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