Reponer las subastas generaría cierres en la pesca industrial del Biobío, advierte gremio

El 04 de agosto se retomó la discusión de la Nueva Ley de Pesca en la comisión respectiva y donde el Ejecutivo ha vuelto a priorizar el incorporar subastas de los permisos vigentes para operar en este sector económico. Para ello convocó, en esta primera sesión, a trece representantes que pidieron entregar su opinión sobre esta compleja materia a quienes se les asignaron cinco minutos para exponer.

Por ello, la Presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda Godoy, expresó durante su breve interlocución su “decepción por la decisión de atender un tema tan complejo y delicado para el equilibrio económico de la Región del Biobío recibiendo por cinco minutos a quienes deseamos expresar nuestros puntos de vista. Son miles de familias de la Pesca Industrial las que dependemos de esta ley, por lo que darnos 5 minutos es una decisión incomprensible y ausente de equidad e igualdad”.

Luego la representante gremial fustigó la decisión del Ministerio de Economía de persistir en las subastas de los permisos en uso del sector industrial, pues más allá que es un nuevo atropello a la estabilidad jurídica chilena, este asunto ya “está zanjado”, afirmó. “Las licitaciones de los permisos de pesca fueron discutidas en Comisión Mixta en el proceso de discusión de la Ley de Fraccionamiento y fueron rechazadas en una instancia legítima y democrática. Ya se traspasaron US160 millones de dólares en pesca al sector artesanal. La Pesca Industrial no puede ahora financiar la protección social del mundo artesanal, si bien es necesaria, no puede ser a costa de un sector que no resiste más decrecimiento”.

La representante gremial explicó que la Ley de Fraccionamiento impulsada por el Gobierno significó una contracción del 30% de las cuotas pesqueras y por ende del impulso económico de la actividad industrial del Biobío. “Ahora, con la insistencia del Gobierno nos enfrentamos a perder hasta el 60% de las cuotas actuales. Este es un escenario abiertamente expropiatorio de nuestra capacidad de trabajo y de la estabilidad de nuestro sector. Por ello quiero advertir ahora y con toda claridad, que con esta iniciativa del Gobierno cerrará la planta de Landes y PacificBlu de Talcahuano, además de FoodCorp y la planta de conservas de Camanchaca de Coronel. Ninguna de esas cuatro empresas es viable elaborando el 40% de lo hoy procesa”, alertó.

Macarena Cepeda señaló a los miembros de la Comisión de Pesca que hasta antes de la Ley de Fraccionamiento, las compañías chilenas podían comprar materia prima (jurel) en el mercado internacional. Esa tonelada de pescado que a cualquier país competidor de Chile le cuesta unos US$300 aproximadamente, a las empresas pesqueras del Biobío ahora le cuesta un 30% más caro. Esto producto del arancel impulsado por el Gobierno y aprobado por el Congreso que grava estas compras internacionales.

“Quiero comentar que, hasta antes de este arancel, las empresas de menor tamaño de nuestro gremio (particularmente Landes y FoodCorp) podían operar entre 2 a 4 meses más, tras cumplir su propia cuota nacional. Esos meses extra de operación hoy están en riesgo, lo que no solo es negativo para esas empresas, sino que mucho peor para sus trabajadores que viven en Coronel, Lota, Talcahuano, Hualpén o San Pedro de la Paz que verán disminuidas sus oportunidades laborales y prosperidad”, especificó la dirigenta.

Al concluir, la Presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, señaló que la Región del Biobío enfrenta una enorme y profunda crisis social. “No sería comprensible que el Gobierno, vía las subastas, impulsará el cierre de tres nuevas empresas tras la caída de Huachipato. Biobío no puede permitirse seguir decreciendo y eliminando las pocas oportunidades que tiene. Nuestra región no soporta más desempleo y los cambios que propone la Nueva Ley de Pesca solo contribuirá en aumentar la pérdida de empleo formal y de calidad”, concluyó.