CONDEPP cuestiona recurso presentado ante Contraloría que suspendió incorporación de armadores artesanales a nuevas pesquerías

El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) manifestó su preocupación por el dictamen emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso que objetó una resolución de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) destinada a incorporar armadores artesanales a diversas pesquerías bajo el marco del nuevo fraccionamiento establecido por la Ley N° 21.752.

La controversia surge luego de que la Contraloría Regional de Valparaíso emitiera el Oficio N° OF110267/2026, mediante el cual concluyó que la Resolución Exenta N° 2.563 de 2025, dictada por Subpesca, no se ajustó a derecho.

Según los antecedentes contenidos en el dictamen, la resolución instruía al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) incorporar de oficio al Registro Pesquero Artesanal (RPA) a armadores propietarios de una o dos embarcaciones que cumplieran determinados requisitos, permitiéndoles participar en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola.

De acuerdo con lo señalado por la Contraloría, la observación se originó porque Subpesca no habría acreditado la realización de consultas al Consejo Zonal de Pesca y al respectivo Comité de Manejo, procedimiento contemplado en el artículo 48 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura. El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 15 días hábiles para regularizar la situación y determinar las acciones administrativas correspondientes.

La presentación ante Contraloría fue realizada por Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA), representada por Felipe Sandoval Precht, junto a representantes de organizaciones pesqueras artesanales, según consta en los antecedentes citados por el propio comunicado.

Desde CONDEPP sostienen que el efecto práctico del dictamen podría retrasar la incorporación de miles de armadores artesanales a las pesquerías consideradas en el nuevo fraccionamiento. La organización afirma que la resolución cuestionada beneficiaba a 4.949 armadores distribuidos en 296 caletas de las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés Bernal, sostuvo que la implementación de la Ley N° 21.752 responde a derechos reconocidos por el Congreso al sector artesanal. «Los pescadores artesanales quieren acceder a los recursos del mar de forma transparente y dentro de la ley. No están pidiendo ningún privilegio: están ejerciendo un derecho que el propio Congreso les reconoció al aprobar el nuevo fraccionamiento», señaló.

La organización informó además que se encuentra evaluando posibles acciones para revertir los efectos del dictamen y retomar el proceso de incorporación de armadores al Registro Pesquero Artesanal. Desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, diversos dirigentes expresaron su preocupación por el impacto que la decisión podría tener en las comunidades costeras.

El presidente de CORANOR y vocero de la Alianza, Pascual Aguilera, afirmó que algunos pescadores habían realizado inversiones esperando acceder a estas pesquerías bajo el nuevo esquema de distribución.

Por su parte, la presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, Sara Garrido, sostuvo que eventuales retrasos en la incorporación de armadores podrían generar efectos económicos en las comunidades vinculadas a la actividad pesquera artesanal.

Asimismo, el vocero de la Alianza, Hernán Machuca, manifestó su preocupación por el impacto que la medida podría tener particularmente en el sur del país, donde, según indicó, existe un importante número de embarcaciones potencialmente afectadas.

Finalmente, CONDEPP y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal hicieron un llamado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría mediante la realización de las consultas establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objetivo de dar continuidad a la implementación del nuevo fraccionamiento contemplado en la Ley N° 21.752.