
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó recientemente su Estrategia de Cumplimiento Ambiental para el sector mitilicultor, con foco en la Región de Los Lagos y un horizonte de implementación 2025-2027. El plan busca reforzar los estándares de cumplimiento de la normativa ambiental para lo cual se anuncia la intensificación de la fiscalización focalizada en ciertos aspectos clave de la industria.
En palabras de Patricio Walker, socio y senior experto de ECOS Chile, “lo que busca la SMA es fortalecer el cumplimiento ambiental del sector mitilicultor mediante un monitoreo y fiscalización preventiva que permitan una respuesta oportuna ante incumplimientos”.
Más recursos para fiscalización
Walker advierte que “en la práctica esto se traduce en que la SMA destinará mayores recursos y priorizará la fiscalización preventiva del sector miticultor, por lo que se espera un aumento considerable de las actividades de fiscalización, con el consecuente riesgo de sanción en aquellos procesos en que se detecten desviaciones a los instrumentos que son competencia de la SMA (principalmente resoluciones de calificación ambiental y normas de emisión)”.
La experiencia comparada también entrega luces sobre lo que podría ocurrir: “a modo de referencia, al implementar una estrategia de este tipo en el sector acuícola las fiscalizaciones aumentaron desde 100 a más de 1.000 por año, llegando finalmente a una cobertura prácticamente completa del sector, y los procedimientos sancionatorios se triplicaron, alcanzando multas históricas en algunos casos”.
El experto precisa que esta nueva estrategia está contenida en un documento breve, pero robusto: “la Estrategia de Cumplimiento Ambiental se presenta en un documento bastante sintético que contiene los elementos centrales que la definen. En un inicio se provee de una descripción del marco normativo, de los principales impactos ambientales asociados a la miticultura, y los desafíos relacionados con el cumplimiento ambiental dado el contexto nacional de desarrollo de esta actividad”.
Producción y elusión al SEIA
Además, subraya que existen prioridades claras: “se destaca el hecho de que hay una prioridad clara establecida en la estrategia: abordar las materias relacionadas a la producción y elusión al SEIA, ambos temas relacionados con el nivel de producción. Para abordar este aspecto resulta central la gestión de la información, para lo cual la SMA llevará a cabo un trabajo colaborativo con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, con quienes firmó un convenio de cooperación para formalizar el intercambio de información y la coordinación de acciones”.
En este sentido, la autoridad ambiental apuesta por potenciar su acción mediante tecnología: “una vez que la SMA tenga acceso a la información, generará una base única de datos que permitirá implementar un monitoreo y fiscalización por medio de herramientas tecnológicas y procesos automatizados, que permitan detectar de forma masiva posibles desviaciones y generar reportes, cartas de advertencia, e informes de fiscalización ambiental”.
Walker destaca que esta nueva etapa también implicará un cambio en la respuesta sancionatoria: “para apoyar la etapa sancionatoria, la SMA desarrollará un modelo de ponderación, de acuerdo a criterios, tales como, riesgo ambiental y comportamiento del regulado, que permitirá determinar la respuesta institucional en etapa correctiva o sancionatoria. Dicha respuesta puede ir desde una amonestación por escrito hasta multas y eventualmente la clausura o revocación de la RCA”.
Respecto de la situación actual, señala que la fiscalización ha sido históricamente escasa: “en lo que se refiere a RCAs, que es el instrumento que regula la producción, nos encontramos con que a la fecha solo existe registro de 18 fiscalizaciones en la región de Los Lagos, lo que representa menos del 0,1% del total de fiscalizaciones a nivel nacional, y una cobertura cercana al 2% a nivel regional para este tipo de regulados”.
Sanciones
Sobre las sanciones aplicadas, agrega que “solo existe un único registro en la región de los lagos donde se formuló un cargo relacionado con norma de emisión (DS 90), el cual fue finalmente absuelto, quedando sin sanción”.
Por lo mismo, Walker concluye que “frente a este escenario, lo que puede esperarse es que aumente considerablemente el nivel de fiscalización y se generen procedimientos de sanción que hasta ahora no se han visto. En el fondo, se espera que la SMA intervenga en un sector en el cual no ha tenido mayor protagonismo, lo que podrá cambiar fuertemente la dinámica de cumplimiento ambiental que ha existido hasta el momento”.
En cuanto a los plazos, enfatiza que “la implementación de la Estrategia abarcará un periodo de tres años (2025-2027), y sus resultados se publicarán al tercer año de implementación”. Y añade que “a nuestro modo de ver la estrategia es bastante robusta, pero ambiciosa, ya que involucra tareas que requieren de un esfuerzo considerable en distintas dimensiones (estudios, coordinación interinstitucional, construir bases de datos consolidadas, implementar herramientas tecnológicas, entre otros), por lo que el plazo debería entenderse como el necesario para ir implementando las distintas etapas de la estrategia, más que un período donde se desplegará de forma permanente en su totalidad”.
Finalmente, resalta el valor de la transparencia: “esta Estrategia de Fiscalización es la primera que publica la SMA para el conocimiento de los regulados, y de cualquier interesado, siendo un avance importante en acceso a la información y transparencia desde un órgano fiscalizador”.
Agrega que, “esto, además de novedoso, entrega una señal muy poderosa hacia el gremio objetivo en la línea de la promoción del cumplimiento ambiental, ya permitirá diseñar desde ya las estrategias de cumplimiento requeridas para alinearse con las directrices de la SMA, y evitar así, o al menos mitigar las consecuencias, de eventuales procesos de sanción que podrían surgir. Por el contrario, quienes tengan incumplimientos y no adopten los lineamientos que entrega la SMA, quedarán más expuestos a este tipo de procedimientos y sus consecuencias operacionales, económicas y reputacionales”.



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