FoodCorp Chile es parte de Austevoll Seafood, destacado grupo pesquero con matriz en Noruega con importantes operaciones en su país, además de Reino Unido y Perú, siendo también un inversor extranjero con presencia en la ciudad de Coronel, Región del Biobío, hace más de 20 años.
En ese marco, la compañía anunció hoy que ha concluido el análisis jurídico y legal de los efectos e impactos de la Ley de Fraccionamiento impulsada por la administración saliente, y tomó la decisión de ingresar una demanda contra el Estado de Chile por los graves efectos patrimoniales y económicos producto de la disminución de sus cuotas de pesca y el término anticipado de las asignaciones vigentes hasta 2032.
Andrés Daroch Coello, CEO de FoodCorp Chile, explicó que la acción legal ha sido liderada por el estudio jurídico Montt y Compañía y tiene un fondo técnico similar a las demandas que han interpuesto compañías como Camanchaca, Landes y Blumar. “Nuestro sector tiene la convicción que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032”, comentó.
Advierten daño patrimonial superior a los US$100 millones
La empresa destaca que las cuotas de pesca o porcentajes de asignación han sido construidas por las compañías pesqueras a lo largo de su historia y son asimilables a concesiones, que en el caso del sector pesquero chileno fueron asignadas por 20 años en 2012, renovables. “El Estado de Chile con la Ley de Fraccionamiento desconoció este hecho y reasignó participaciones sin considerar que se habían hecho inversiones y una planificación de largo plazo. Todo eso fue ignorado por la institucionalidad chilena. En nuestro caso, la pérdida la estimamos sobre los US$100 millones, monto que esperamos recuperar al término de este juicio”, señaló el CEO de FoodCorp.
Asimismo, la Ley de Fraccionamiento incorporó un impuesto exclusivo para la región del Biobío por concepto de compra de cuota internacional de jurel, algo que desde FoodCorp advirtieron en su momento, generaría mayor estrechez operacional y encarecimiento significativo de costos.
Finalmente, Andrés Daroch, que representa a esta empresa de capitales noruegos que opera en Chile hace 25 años, dijo que “el golpe a la credibilidad del país, a su estabilidad jurídica y la confiabilidad para inversores extranjeros es muy fuerte. FoodCorp tiene un compromiso profundo con Coronel, una comuna con graves problemas de empleo y de desarrollo, así como con sus más de 650 trabajadores, por ello tenemos la obligación de proteger nuestra operación y viabilidad futura”, concluyó.
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