
La creciente sofisticación de los procesos de fiscalización ambiental y las nuevas exigencias asociadas al desempeño de la salmonicultura serán parte de los principales temas que marcarán el “Seminario de actualización normativa y fiscalización ambiental en la salmonicultura”, actividad organizada por ECOS Chile que se realizará el próximo 26 de mayo en Puerto Varas, convocando a especialistas para analizar tendencias regulatorias, riesgos operacionales y herramientas orientadas al cumplimiento ambiental en la industria.
La jornada se desarrollará entre las 09:00 y las 13:00 horas en el Hotel Solace de Puerto Varas y contempla exposiciones orientadas a revisar el actual escenario de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), actualización normativa, análisis de casos y recomendaciones prácticas para fortalecer estándares de cumplimiento dentro del sector acuícola. El programa considera la participación de especialistas ligados a materias ambientales, regulatorias y legales vinculadas a la salmonicultura.
Entre los expositores estará Patricio Walker H., ingeniero civil ambiental UC y magíster en Medio Ambiente, representante de ECOS Chile, quien presentará la charla “La mirada de la SMA, estrategias de fiscalización y casos destacados”, abordando tendencias observadas en los procesos de supervisión ambiental de la acuicultura.
Una fiscalización ambiental cada vez más intensiva
De acuerdo con Walker, los mecanismos de supervisión aplicados a la acuicultura han evolucionado significativamente en los últimos años, pasando desde inspecciones puntuales hacia modelos de fiscalización sustentados en tecnologías, trazabilidad y análisis masivo de información.
“La fiscalización ambiental en la industria acuícola es intensiva, tecnificada y con análisis exhaustivo de datos. En la salmonicultura en particular, la autoridad ya no se limita solo a fiscalizar mediante inspecciones puntuales en terreno, sino que conecta antecedentes que colecta la propia SMA a través de medios tecnológicos, reportes de información entregados por los titulares de proyecto y fiscalizaciones encomendadas a otros organismos fiscalizadores”, señaló Patricio Walker H., representante de ECOS Chile.
Según detalló el especialista, cifras publicadas por la propia Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) muestran que pesca y acuicultura corresponden actualmente a la actividad productiva con mayor cantidad de expedientes de fiscalización concluidos a nivel nacional.
“De acuerdo a los datos publicados por la propia SMA en el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental SNIFA, la actividad productiva con más expedientes de fiscalizaciones finalizadas corresponde a la categoría de pesca y acuicultura, con 20.733 fiscalizaciones (36% del total).
Entonces, considerando el cómo y el cuánto fiscaliza la SMA a la acuicultura, se puede concluir que es actualmente la industria más fiscalizada del país”, sostuvo Walker.
Los focos que hoy concentran la atención regulatoria
Entre las materias que concentran actualmente la atención de la autoridad, Walker identificó temas asociados a sobreproducción, cambios de consideración sin evaluación ambiental, ubicación de estructuras fuera de áreas concesionadas, gestión de contingencias, descarga de RILEs y manejo de residuos sólidos, materias que forman parte de distintos cuerpos normativos aplicables al sector.
A juicio del especialista, parte importante de los incumplimientos observados durante fiscalizaciones tiene origen en falencias previas de gestión, como registros incompletos, diferencias entre lo aprobado y lo ejecutado, reportes tardíos o falta de actualización de planes de contingencia.
“El cumplimiento ambiental debe entenderse como un sistema continuo de gestión y mejora, donde quedarse atrás representa un riesgo significativo. Para ello, se debe estar siempre un paso adelante, informados, con personal preparado y todos los departamentos de la compañía sintonizados”, afirmó Walker.
Mayores exigencias y legitimidad territorial
Otro de los aspectos que marcarán la conversación del seminario será la creciente incorporación de tecnologías de monitoreo, vigilancia y análisis de datos en los procesos regulatorios, junto con nuevas exigencias asociadas a biodiversidad y áreas protegidas.
Según explicó Walker, la implementación progresiva de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), podría representar un desafío relevante considerando la presencia de concesiones acuícolas dentro de espacios protegidos.
“Otro aspecto al cual se debe poner mucha atención es en establecer, implementar y cumplir altos estándares para operar en el territorio donde se emplazan las operaciones de la industria y cómo ésta convive con otros actores relevantes del borde costero, donde la coherencia entre crecimiento productivo, desempeño ambiental y legitimidad territorial serán los que asegurarán la competitividad de esta importante actividad productiva del país”, concluyó Walker.

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