
La Fiscalía Regional Oriente anunció que el 15 de enero de 2025 se realizará la formalización del empresario Isidoro Quiroga Moreno y de los exejecutivos Martín Guiloff Salvador y Santiago Garretón Sánchez por presuntos delitos de estafa y administración desleal relacionados con la venta de Australis Seafoods a Joyvio, empresa china que adquirió la salmonera por 921 millones de dólares en 2019. Las acusaciones señalan ocultamiento de información sobre sobreproducción de salmón, infringiendo normativas ambientales, lo que habría inflado el valor de la compañía.
La denuncia de Joyvio, base de las investigaciones, apunta a irregularidades que califican como uno de los mayores fraudes empresariales en Chile. Según el Ministerio Público, existen pruebas documentales que contradicen las declaraciones de Quiroga, quien afirma que las cifras reales de producción proyectadas eran de 70.500 toneladas, no las 100.000 toneladas reflejadas en correos internos no aprobados.
Por su parte, Joyvio destacó la relevancia de la formalización, calificándola como un avance hacia la justicia y subrayando el impacto del caso en la reputación de Chile ante inversionistas extranjeros.
La perspectiva de Quiroga
En su declaración previa del 10 de octubre, Quiroga, acompañado por sus abogados Juan Domingo Acosta y Alex Van Weezel, defendió su trayectoria como empresario y los procesos de administración de Australis. Explicó que la empresa, fundada desde cero, se consolidó tras años de esfuerzo, destacándose como uno de los principales actores de la industria salmonera antes de su venta.
El empresario relató que la venta fue producto de un interés sostenido de inversores, incluidos actores como Marine Harvest y Scotiabank, quienes conectaron a Australis con posibles compradores. Joyvio, tras varias ofertas iniciales, presentó una propuesta definitiva por 921 millones de dólares. Quiroga argumentó que todo el
proceso de venta se realizó bajo estándares legales y con la participación activa del directorio y asesores externos.
Quiroga describió las acusaciones como “brutales” para su familia, subrayando el daño reputacional sufrido. Además, defendió su intención de actuar siempre dentro de los marcos legales, asegurando que nunca ocultó información durante la negociación con Joyvio.
El caso se perfila como un hito que abarca aspectos de derecho penal, corporativo y ambiental, con implicancias para el sector acuícola y la comunidad empresarial internacional. La audiencia del 15 de enero será clave para definir los próximos pasos de un proceso que está siendo monitoreado de cerca.
Fuente y créditos información: Pulso, La Tercera

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