
Pese a que la salmonicultura suele presentarse como una de las actividades productivas más fiscalizadas del país, las capacidades operativas del Estado para verificar en terreno lo que ocurre en los centros de cultivo siguen siendo limitadas. Según antecedentes recopilados por medios de prensa vía solicitudes de transparencia, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) cuenta actualmente con siete embarcaciones, de las cuales solo tres se encontrarían operativas.
El propio servicio reconoce que la mantención de estas embarcaciones “escapa a las capacidades presupuestarias y técnicas actuales”, por lo que ha debido reforzar estrategias de fiscalización remota, documentales y en coordinación con la Armada. A eso se suma el uso de embarcaciones arrendadas para campañas específicas.
En este contexto, durante un punto de prensa realizado en el marco del Summit Acuícola 2025, la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia Almonacid, conversó con Mundo Acuícola sobre los desafíos en materia de fiscalización a la acuicultura, reconociendo que existen brechas estructurales, pero también destacando el papel que están cumpliendo las tecnologías de monitoreo como herramientas de fiscalización.
“El monitoreo electrónico surge como una tremenda alternativa que facilita los servicios públicos, en este caso a nosotros como institución, pero también al Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones fiscalizadoras como la Armada”, indicó Tapia, quien valoró la disponibilidad de datos en línea, monitoreos automatizados y otras tecnologías como los robots submarinos.
En ese sentido, detalló que la vigilancia no se limita al cumplimiento documental o administrativo, sino que está integrando equipamiento capaz de levantar información en tiempo real sobre parámetros ambientales. “Nosotros también hemos mejorado mucho en temas de fiscalización usando la tecnología, por ejemplo, con robots automáticos que son capaces de tomar muestras a grandes profundidades”, explicó.
Consultada por las estrategias actuales, Tapia reconoció que el presupuesto sigue siendo una limitante, pero que están impulsando alianzas con gobiernos regionales y otras instituciones públicas para ampliar las capacidades. Entre ellas, destacó las fiscalizaciones aéreas que se están desarrollando en la región de Aysén, utilizando imágenes satelitales y sobrevuelos para levantar alertas y detectar posibles incongruencias.
A juicio de la autoridad, el fortalecimiento de la fiscalización no solo pasa por ampliar recursos, sino también por avanzar hacia una lógica de trabajo colaborativo con el ecosistema productivo, en función de la transparencia y la confianza ciudadana. “Acá no solamente los servicios públicos debemos trabajar en conjunto, sino que debemos trabajar en conjunto con la industria, de cara a la ciudadanía, para también dar tranquilidad, de la transparencia, de la información, del control, del monitoreo y de la vigilancia que nosotros hacemos”, concluyó.

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