Un caso inédito comenzó a abrirse paso en la justicia chilena y podría marcar un precedente en la fiscalización de la pesca ilegal en alta mar. La ONG FIMA presentó una denuncia judicial contra la empresa Rongcheng City Rongyuan Fishery Co. Ltd., titular del buque Lu Rong Yuan Yu 667, por presuntas faenas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile, en la Región de Tarapacá.
Según publicó La Tercera, la acción fue ingresada el pasado 30 de marzo ante la Corte de Apelaciones de Iquique y constituye, según los antecedentes del caso, el primer proceso en Chile sustentado de manera central con evidencia obtenida mediante tecnología satelital.
De acuerdo con el recurso, la nave habría ingresado a la ZEE chilena durante la madrugada del 1 de octubre de 2025, permaneciendo al menos 47 minutos dentro del área y alcanzando una internación aproximada de 594 metros. La legislación chilena prohíbe la actividad pesquera de embarcaciones extranjeras en esta zona.
Según la denuncia, el buque se encontraba realizando maniobras de pesca de pota o calamar, utilizando sistemas de iluminación nocturna para atraer cardúmenes.
“Por la evidencia con la que contamos, resulta bastante claro el caso en que esta nave, mientras realizaba maniobras de pesca desde fuera de la zona económica exclusiva, ingresa a territorio jurisdiccional chileno, todavía realizando maniobras de pesca de pota o calamar, utilizando los sistemas de iluminación que se usan para atraer a los cardúmenes”, señaló Antonia Berríos, coordinadora general de ONG FIMA.
Evidencias
Uno de los elementos centrales del caso es el tipo de prueba presentada. La denuncia se apoya en tres fuentes técnicas independientes que apuntan, según los denunciantes, a una misma conclusión: la embarcación habría estado realizando actividades extractivas dentro de aguas chilenas.
La primera corresponde a imágenes satelitales del sistema VIIRS de la NASA, que detectaron la presencia de potentes sistemas de iluminación encendidos en las cercanías de la ZEE. Este tipo de señales es característico de la pesca nocturna de calamar.
A ello se suman datos del sistema de identificación automática (AIS) de la propia nave, que registraron velocidades inferiores a un nudo dentro del área, parámetro que Sernapesca considera consistente con maniobras de pesca y no con tránsito normal.
El tercer antecedente es la temporalidad de la operación, desarrollada durante la noche, patrón asociado al funcionamiento de las denominadas flotas poteras en el Pacífico Sudoriental.
“Son satélites que detectan la luz y el calor emitidos por los buques, equivalentes a una fotografía nocturna desde el espacio”, explicó el especialista en pesca ilegal Milko Schvartzman.
La denuncia también incorpora antecedentes que apuntan a una eventual intencionalidad de la maniobra. Según FIMA, el mismo buque registró operaciones durante 2025 en las cercanías de las zonas económicas exclusivas de Perú y Argentina, manteniendo en esos casos distancias de seguridad respecto de los límites marítimos, lo que podría sugerir conocimiento preciso de las fronteras jurisdiccionales.
Desde Sernapesca se confirmó que la nave no cuenta con permisos ni registros habilitantes para operar en aguas chilenas.
Sanciones
En caso de acreditarse la infracción, la legislación contempla sanciones que van desde 60 a 400 UTM por tonelada de registro grueso. Considerando que el buque alcanza 1.531 toneladas, la multa podría alcanzar montos significativos, además del eventual comiso de especies capturadas y artes de pesca.
“La pesca ilegal amenaza fuertemente los océanos, no solo por la depredación del recurso sino también por la contaminación y delitos asociados como la trata de personas”, advirtió Berríos.
El caso se enmarca en un problema de mayor escala. Según cifras de Sernapesca, la pesca ilegal en Chile alcanza las 324 mil toneladas anuales, equivalentes a aproximadamente US$397 millones en transacciones fraudulentas. A nivel global, Naciones Unidas estima pérdidas económicas de entre US$10 mil millones y US$23 mil millones por año.
La acción judicial constituye además el primer resultado concreto en Chile del proyecto Legal Ocean Watch (LOW), iniciativa regional que utiliza herramientas como Global Fishing Watch, AIS y VMS para fortalecer la vigilancia oceánica y sustentar acciones judiciales mediante evidencia tecnológica.
“Este caso puede sentar un precedente para situaciones similares, ya que sin esta información captada por tecnología satelital no era posible identificarlos”, sostuvo Berríos.
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