Gremios pesqueros advierten que ampliación de parques marinos podría afectar empleos y una actividad pesquera histórica en Chile

La propuesta del Gobierno de ampliar los parques marinos en el Archipiélago de Juan Fernández y las Islas Desventuradas ha generado preocupación entre gremios de la pesca industrial, cuyos representantes advierten que la medida podría tener consecuencias para el empleo, la actividad exportadora y la seguridad alimentaria del país.

Mientras el Ejecutivo ha señalado que la iniciativa busca fortalecer la conservación de los ecosistemas marinos y avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de protección de la biodiversidad, los gremios sostienen que la propuesta incorpora áreas que históricamente han sido utilizadas como caladeros de pesca de pez espada y jurel, dos pesquerías relevantes para la industria nacional.

Desde el sector pesquero afirman que Chile ya supera la meta internacional de proteger el 30% de los océanos al año 2030 (Meta 30×30), al mantener más del 40% de su Zona Económica Exclusiva bajo alguna categoría de protección. En ese contexto, cuestionan la necesidad de seguir ampliando parques marinos.

Asimismo, los representantes gremiales señalan que, a su juicio, no existen evaluaciones públicas ni evidencia científica suficiente que demuestren que las áreas marinas protegidas ya establecidas hayan generado mejoras medibles en la recuperación de los recursos pesqueros o en la productividad de las pesquerías nacionales. Por ello, plantean que, antes de avanzar en nuevas declaraciones de áreas protegidas, se evalúe el desempeño de las existentes y se conformen mesas de trabajo con todos los actores involucrados, incluidos los gremios y representantes de la industria.

Aunque el Gobierno ha indicado que las zonas propuestas registran actualmente una baja actividad pesquera, los gremios sostienen que dichos espacios podrían adquirir relevancia para futuras pesquerías o para el desplazamiento de las flotas frente a cambios en la distribución de especies asociados al cambio climático, particularmente en el caso del pez espada y el jurel.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio del Medio Ambiente, la ampliación de estas áreas protegidas permitiría que Chile supere el 50% de su Zona Económica Exclusiva bajo alguna categoría de conservación, en línea con compromisos internacionales asumidos por el país. No obstante, representantes de la industria indican que Chile ya figura entre los países con mayor proporción de océano protegido y cuestionan la necesidad de continuar restringiendo espacios donde existe actividad pesquera o potencial para su desarrollo futuro.

Los gremios también manifiestan su preocupación por lo que consideran una creciente influencia de organizaciones internacionales en la definición de la política oceánica chilena. En ese contexto, plantean inquietudes respecto de que la conservación estaría priorizándose por sobre el desarrollo productivo; que diversas propuestas contarían con apoyo financiero extranjero; que, a su juicio, no siempre se evaluarían suficientemente los impactos económicos; que Chile ya supera ampliamente la meta internacional del 30% de protección; y que futuras oportunidades para la pesca industrial y otras actividades podrían verse limitadas. Asimismo, recuerdan que la creación de parques marinos corresponde exclusivamente al Estado de Chile.

Necesidad de compatibilizar conservación y producción

Los gremios sostienen que la conservación de los ecosistemas marinos también puede abordarse mediante herramientas como cuotas de captura definidas sobre la base de evidencia científica, vedas temporales, protección de zonas de reproducción, manejo pesquero adaptativo y una mayor fiscalización de la pesca ilegal. En su opinión, estas medidas podrían resultar, en determinados casos, más eficientes que el establecimiento de amplias áreas de exclusión permanente.

Defensa del empleo

Según los representantes del sector, la principal preocupación no es únicamente productiva, sino también social. Indican que la pesca industrial genera miles de empleos directos e indirectos en plantas de proceso, astilleros, puertos, empresas de logística, transporte, servicios marítimos y comercio exterior, especialmente en regiones como Coquimbo, Valparaíso y Biobío.

Desde los gremios advierten que una eventual reducción del acceso a zonas históricas de operación podría traducirse en una disminución de las capturas, una menor actividad industrial y una pérdida de competitividad frente a otros países pesqueros.

Asimismo, sostienen que el eventual desplazamiento de las flotas hacia áreas más alejadas implicaría mayores costos operacionales, un incremento en el consumo de combustible y una menor rentabilidad para las empresas.

Un llamado al equilibrio

Los gremios pesqueros reiteran que no se oponen a la conservación de los ecosistemas marinos. Por el contrario, destacan que la pesca chilena opera bajo un marco regulatorio que contempla cuotas científicas, vedas, monitoreo satelital y mecanismos permanentes de fiscalización.

Sin embargo, plantean que una ampliación significativa de las áreas de exclusión, sin una evaluación integral de sus efectos, podría afectar una actividad que, según indican, aporta empleo, divisas y alimentos para Chile y mercados internacionales.

«Conservar el océano es un objetivo compartido. Pero también lo es proteger el trabajo de miles de familias y asegurar que las decisiones públicas consideren tanto la evidencia ambiental como sus impactos sociales y económicos», sostienen desde la industria.