
En el marco del trabajo colaborativo entre la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola – Investigación Aplicada (INCAR²), se publicó un documento titulado “Normativa para el desarrollo, investigación y uso de vacunas en peces: experiencia de Canadá, Escocia y Noruega”. El informe analiza cómo las principales potencias mundiales de la salmonicultura regulan estas fundamentales herramientas sanitarias.
La publicación fue elaborada por el coordinador del Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, Leonardo Arancibia, junto con los investigadores de INCAR², Dra. Jessica Fuentes y Dr. Ruben Avendaño-Herrera. Su propósito es aportar antecedentes relevantes para el debate legislativo sobre la sostenibilidad de la acuicultura, un sector que históricamente ha buscado disminuir su dependencia de los antibióticos mediante la inmunoprofilaxis o vacunación.
El informe señala que, frente a la aparición de nuevos patógenos y al recrudecimiento de diversas enfermedades, las vacunas se han consolidado como la herramienta preventiva más costo-efectiva y compatible con el bienestar animal. Asimismo, destaca que este enfoque contribuye directamente a enfrentar la resistencia antimicrobiana, en línea con el concepto global de “Una Sola Salud” (One Health), que reconoce la interdependencia entre la salud animal, humana y ambiental.
Uno de los principales hallazgos del estudio es el potencial de las vacunas autógenas, también conocidas como “autovacunas”. A diferencia de las vacunas comerciales de producción masiva, estas se elaboran de manera personalizada a partir de cepas de patógenos obtenidas directamente de peces afectados en un centro de cultivo específico o en unidades epidemiológicamente vinculadas.
Esta estrategia permite desarrollar soluciones adaptadas a la variabilidad genética local en un plazo considerablemente menor que el requerido para una vacuna comercial convencional. Además, al elaborarse con microorganismos inactivados, su aplicación no implica la introducción de patógenos vivos al entorno, por lo que constituyen una respuesta rápida, segura y oportuna frente a emergencias sanitarias.
El análisis comparado revela que Canadá, Escocia y Noruega comparten una “arquitectura institucional fragmentada” en tres niveles para abordar la compleja regulación de las vacunas, debido a que estas involucran aspectos farmacéuticos, zoosanitarios y ambientales. En los tres países, la gobernanza se distribuye entre una autoridad pesquera o de gestión acuícola, una agencia responsable del licenciamiento y comercialización de productos farmacéuticos biológicos y un organismo especializado en la vigilancia de la sanidad animal.
Según el informe, esta división funcional busca resguardar simultáneamente el desarrollo productivo del sector, la inocuidad y eficacia de los medicamentos utilizados y la protección de los ecosistemas acuáticos receptores.
Pese a las similitudes en su estructura institucional, cada país presenta características particulares. Canadá, por ejemplo, carece de una ley única de acuicultura, por lo que la regulación se basa en una distribución de competencias entre organismos federales y provinciales.
Noruega, en tanto, destaca por aplicar un sistema de control dual, que exige tanto la autorización para la comercialización farmacéutica como un permiso de uso zoosanitario individual solicitado por un médico veterinario para cada lote. Además, dispone del Registro Veterinario de Prescripciones (VetReg), herramienta que permite un monitoreo cuantitativo riguroso del uso de vacunas inyectables.
El informe también señala que la autoridad sanitaria noruega conserva la facultad de restringir determinadas vacunas cuando estas pudieran interferir con los sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades de notificación obligatoria.
El documento completo puede revisarse en el siguiente enlace: https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/detalle_documento.html?id=86011

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