Camport alerta sobre retraso en licitaciones portuarias y riesgos para la competitividad logística y económica de Chile.
A solo cinco años del vencimiento de cinco concesiones privadas en puertos estatales, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. (Camport) advirtió un importante atraso en el desarrollo del nuevo ciclo de licitaciones. Según su último reporte, sólo el Puerto de Valparíso ha iniciado formalmente el proceso de renovación, y no existen antecedentes públicos sobre el avance de los procesos en los terminales de San Antonio, Iquique y Talcahuano.
“Se observa una falta de anticipación preocupante. Sin licitaciones en curso, corremos el riesgo de quedarnos sin operadores adjudicados justo cuando el país más los necesita”, señala Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G (Camport).
Un proceso que puede tardar hasta 7 años
Según detalla el informe, el proceso completo para otorgar una concesión portuaria, desde la definición del proyecto hasta la entrada en operación del nuevo concesionario, puede extenderse entre 5 y 7 años, debido a la complejidad de los diseños de ingeniería, la evaluación ambiental, la aprobación de bases, licitación, adjudicación y ejecución de obras.
A la fecha, solo el Puerto de Valparaíso ha cumplido las primeras fases del proceso (etapas 1 a 4), mientras que las otras cuatro concesiones con vencimiento en 2030 no han iniciado el ciclo. Camport considera que este retraso representa un riesgo concreto para la continuidad operativa, la eficiencia logística y la competitividad del sistema portuario chileno.
Inversiones históricas y el éxito del modelo
Desde la promulgación de la Ley N°19.542 en 1997, que moderniza el sector portuario estatal, el sistema de concesiones ha permitido atraer más de USD 2.000 millones en inversiones en puertos estatales por parte del sector privado. Este modelo ha sido clave para la modernización del sistema, la mejora en eficiencia y la competitividad internacional del comercio exterior chileno.
Incertidumbre en San Antonio y falta de definición de la TUP
Uno de los puntos sensibles identificados por Camport es la falta de información respecto a la nueva concesión del terminal STI en el Puerto de San Antonio, particularmente en relación con el desarrollo del Puerto de Gran Escala (PGE).
El costo estimado del molo de abrigo del PGE bordea los USD 1.800 a 2.000 millones, que serán financiados por la empresa portuaria con un préstamo que contaría con el aval del Estado. Este préstamo sería pagado por la empresa portuaria mediante el cobro de la Tarifa de Uso Portuario (TUP). Sin embargo, aún no se ha definido si el costo del nuevo molo será asignado exclusivamente al PGE o a todo el puerto, lo que genera incertidumbre entre los actores del sistema logístico. Si el costo del molo es asignado a la totalidad del puerto, la TUP de los actuales terminales subirá en forma significativa, restando competitividad a San Antonio a nivel nacional e internacional.
“No se puede convocar a los inversionistas sin reglas claras. La indefinición sobre la TUP en el Puerto de Gran Escala puede desincentivar el interés privado justo en el momento clave”, agrega Fernández.
Se requiere una regulación clara y trazabilidad del uso de fondos provenientes de la TUP
El gremio señala que, desde la implementación del modelo de concesiones, los puertos estatales han recaudado cerca de USD 900 millones por concepto de TUP, sin que exista información pública que transparente su forma de cálculo en cada puerto, así como el destino que han tenido estos recursos.
Camport propone la urgente dictación de un reglamento que permita estandarizar la forma de cálculo de esta tarifa, así como la obligación de las empresas portuarias de reportar en sus estados financieros los ingresos por TUP y el destino de los fondos recaudados.
Un llamado a la acción
“El sistema portuario es un activo estratégico para Chile, y ha demostrado ser eficiente y competitivo gracias a la participación privada. Hoy enfrentamos un punto de inflexión. Si no se actúa con urgencia, el país corre el riesgo de un retroceso logístico que afectaría al comercio exterior y a la economía”, advierte Fernández.
El gremio hace un llamado a los distintos actores públicos y privados a coordinar una acción decidida que permita iniciar las licitaciones pendientes lo antes posible, de modo de asegurar la continuidad operativa y mantener a Chile en el estándar que el comercio global exige.
