Ley de Cabotaje podría reducir costos logísticos y plantear nuevos desafíos para las coberturas de transporte

La entrada en vigencia de la Ley N° 21.774 de Cabotaje Marítimo podría generar cambios relevantes en la logística de carga nacional, tanto en materia de costos como en los esquemas de aseguramiento asociados al transporte de mercancías.

Según antecedentes difundidos en el marco de la discusión de la normativa, la ley busca ampliar la participación de naves extranjeras en determinadas operaciones de cabotaje con el objetivo de aumentar la competencia y mejorar la eficiencia del sistema. Proyecciones elaboradas por organismos públicos durante la tramitación de la iniciativa habrían estimado reducciones de entre un 19% y un 39% en los costos de flete de contenedores, además de potenciales ahorros para la cadena logística nacional.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Hacienda durante la discusión del proyecto, la implementación de la normativa podría favorecer el traslado de aproximadamente 700 mil toneladas de carga desde el transporte terrestre hacia el marítimo y generar ahorros anuales estimados en torno a los US$267 millones. Actualmente, el reglamento asociado a la ley se encontraría en proceso de consulta pública.

Diversos análisis también han planteado que la reforma podría contribuir a incrementar la participación del transporte marítimo en el movimiento de carga interna. Según antecedentes presentados durante la tramitación legislativa, Chile moviliza una proporción relativamente baja de su carga doméstica por vía marítima pese a la extensión de su litoral.

En este contexto, especialistas del sector asegurador advierten que una eventual expansión de los esquemas de transporte intermodal podría requerir ajustes en las coberturas actualmente utilizadas por muchas empresas.

Felipe Giménez, especialista en seguros de transporte y logística de Ventus Group, señaló que parte importante de las pólizas vigentes habrían sido diseñadas para operaciones predominantemente terrestres, por lo que podrían surgir brechas de cobertura en aquellos casos donde la carga incorpore etapas marítimas, transbordos o períodos de permanencia en recintos portuarios.

«Hoy una empresa que mueve carga de Antofagasta a Santiago por camión tiene una póliza terrestre. Cuando esa misma carga empiece a moverse por mar entre puertos y luego en camión hasta destino, necesita una cobertura que integre todos los tramos, incluyendo los transbordos y los tiempos muertos en puerto», indicó.

Según explicó el ejecutivo, entre los principales riesgos identificados por la industria aseguradora se encontrarían eventuales exclusiones asociadas a cambios en el modo de transporte, diferencias entre los valores asegurados y el valor real de las mercancías, además de períodos de permanencia de la carga en zonas de transbordo que podrían no estar contemplados en determinadas pólizas.

La preocupación surge en un escenario donde la actividad portuaria ha mostrado dinamismo. De acuerdo con cifras oficiales citadas en el documento, los puertos chilenos habrían movilizado más de 115 millones de toneladas durante 2025, mientras que diversos terminales del país registraron aumentos en sus niveles de actividad durante los primeros meses de 2026.

A ello se suman desafíos asociados a la seguridad de las operaciones logísticas y al cumplimiento de nuevas exigencias regulatorias vinculadas al transporte, almacenamiento y manejo de información, factores que, según actores de la industria, podrían incidir en la evaluación de riesgos y en las condiciones de aseguramiento de las cargas.

En ese contexto, desde Ventus Group sostienen que las empresas que evalúen modificar sus esquemas logísticos a partir de la implementación de la Ley de Cabotaje deberían revisar también las condiciones de sus pólizas de transporte para determinar si las coberturas vigentes responden adecuadamente a las nuevas modalidades operativas que eventualmente puedan adoptar.