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Revista de Acuicultura.

Corte Suprema rechaza recurso de salmoneras y se mantiene orden de entregar datos de cosecha

La Corte Suprema rechazó con costas el recurso de queja presentado por Invermar y Pacific Seafood tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en la controversia por el acceso a registros históricos de cosecha de centros salmoneros.

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por Invermar S.A. y Pacific Seafood S.A. en el marco de una controversia por el acceso a información histórica de cosechas de centros de cultivo de salmones de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

La resolución, dictada el 14 de septiembre, desestimó la acción interpuesta contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que, en mayo pasado, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado por ambas compañías frente a una decisión del Consejo para la Transparencia. El recurso fue rechazado con costas.

El caso se originó a partir de una solicitud de acceso a información presentada el 27 de febrero de 2025 a Sernapesca por Cristopher Toledo Puga, que requirió el registro histórico de cosechas realizadas en centros de cultivo de salmones de Los Lagos, Aysén y Magallanes entre 1990 y 2024.

Invermar y Pacific Seafood se opusieron a la entrega de antecedentes correspondientes a sus centros, argumentando que su divulgación podría afectar sus derechos comerciales y económicos. El 26 de marzo de 2025, Sernapesca denegó el acceso a la información correspondiente a los titulares que habían presentado oposición.

Posteriormente se presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia, organismo que acogió la reclamación y ordenó entregar antecedentes relativos al registro histórico de cosechas respecto de los terceros que se habían opuesto.

Reclamo de las empresas

Las compañías acudieron posteriormente a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt mediante un reclamo de ilegalidad. Entre sus argumentos plantearon que los antecedentes constituían información comercial estratégica y que su divulgación podía afectar sus derechos económicos y la libre competencia.

Las empresas también cuestionaron que el caso fuera resuelto sin recibir el reclamo a prueba y plantearon que no se habría considerado adecuadamente la diferencia entre los períodos 1990-2012 y 2013-2024.

El 15 de mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el reclamo de ilegalidad. Frente a esa resolución, Invermar y Pacific Seafood recurrieron de queja ante la Corte Suprema, solicitando dejar sin efecto la sentencia y que, en su lugar, se acogiera su reclamación y se denegara la entrega de la información requerida.

Suprema rechaza recurso de queja

Al resolver el caso, la Corte Suprema recordó que el recurso de queja procede cuando en una resolución se ha incurrido en una falta o abuso grave, constituido por errores u omisiones manifiestos y de igual gravedad.

En este caso, el máximo tribunal determinó que los antecedentes no permitían concluir que los jueces de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt hubieran incurrido en alguna conducta que debiera ser corregida mediante las atribuciones disciplinarias de la Suprema.

La resolución precisó, no obstante, que esa conclusión “no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por el funcionario reclamado”. Finalmente, la Tercera Sala rechazó con costas el recurso presentado por las empresas.

Terram valora resolución

Desde Fundación Terram valoraron el resultado del proceso judicial. Su equipo jurídico, integrado por Catalina Salazar y Diego Rojas, cuestionó la extensión de la controversia y sostuvo que esta retrasó el acceso a antecedentes que la organización utiliza para sus labores de fiscalización ciudadana.

“Cuando una parte agota todas las vías impugnatorias disponibles, incluyendo una tan excepcional como el recurso de queja, el litigio deja de ser una defensa genuina de un derecho y pasa a operar como una herramienta de dilación, ese fue el resultado concreto de casi dos años de judicialización”, señalaron desde la organización.

Terram afirmó además que la falta de acceso a datos productivos actualizados ha limitado sus análisis destinados a identificar eventuales casos de sobreproducción, elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y concesiones que, según sus análisis, podrían encontrarse en causal de caducidad.

La fundación sostuvo que recientemente identificó 47 centros salmoneros que habrían producido más de 450 mil toneladas de salmónidos sin someterse a evaluación ambiental, utilizando información productiva disponible hasta 2023. Según la organización, estos antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente.

Terram agregó que ha identificado un total de 56 centros que, de acuerdo con sus análisis, presentarían casos de elusión al SEIA, tanto dentro como fuera de áreas protegidas, y cuestionó el avance de los procedimientos de la autoridad ambiental.

“Hasta hoy, de los 56 centros con elusión al SEIA que hemos detectado tanto dentro como fuera de áreas protegidas, la SMA solo ha iniciado un procedimiento sancionatorio, evidenciando una clara demora en el ejercicio de sus facultades”, señaló la fundación.

Estas últimas cifras y calificaciones corresponden a antecedentes y conclusiones entregados por Fundación Terram y no forman parte de las materias resueltas por la Corte Suprema en el recurso de queja.