ONG exigen clausura definitiva de dos centros de Cooke Chile ante la SMA

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió a fines de agosto clausurar los centros de engorda de salmones Huillines 2 y Huillines 3, pertenecientes a Cooke Aquaculture, tras acreditar que la empresa introdujo “modificaciones sustantivas” a sus proyectos sin contar con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). La sanción incluye, además, una multa de US$14 millones por presuntas infracciones ambientales.

Pese a la resolución, organizaciones ambientales recurrieron al Tercer Tribunal Ambiental. El 12 de septiembre, Fundación Terram —representada por Flavia Liberona— solicitó dejar sin efecto la sanción aplicada y, en su reemplazo, establecer la clausura total y definitiva de ambos recintos. En un nuevo escrito del 15 de septiembre, la ONG rectificó su petición y pidió que se ordene a la SMA dictar un nuevo acto administrativo ajustado a derecho.

Greenpeace también cuestionó la decisión del regulador. La organización, representada legalmente por Matías Asún, planteó que al tratarse de infracciones “gravísimas” en un área protegida, la sanción no satisface el estándar requerido. “Lo que debe analizarse es si la sanción aplicada resultaba proporcional y debidamente fundada en relación con la gravedad de la infracción. En este caso, lo razonable habría sido aplicar la clausura total y no solo de las modificaciones sin RCA”, afirmó Roxana Núñez, experta de incidencia de Greenpeace Andino, en declaraciones recogidas por El Mercurio.

Respuesta de Cooke

El gerente general de Cooke Chile, Andrés Parodi, rechazó las reclamaciones y calificó la acción de las ONG como una muestra de “ambientalismo extremo”. “Estas reclamaciones son una muestra irrefutable de la intención declarada del ambientalismo extremo de atacar las fuentes de trabajo en el sur del país”, señaló.

En un comunicado, la empresa agregó que “Cooke ha demostrado en el proceso que no causó daño alguno al medioambiente, que cumplió el 100% de los requisitos establecidos por las autoridades sectoriales para desarrollar su actividad y que, siendo una de las empresas más pequeñas de la industria, ha demostrado su compromiso con el medioambiente, siendo incluso la única empresa en el país que produce salmón orgánico certificado”.

El ejecutivo advirtió que este proceso “no solo afecta a Cooke Chile, sino que también al 30% de todas las concesiones de mar. A través de estas expropiaciones indirectas, lo que se busca es eludir el imperio del derecho y, de forma administrativa y por la puerta trasera, jibarizar esta industria a pesar de que ofrece miles de trabajos formales e inyecta divisas por billones de dólares al país cada año”.

A través de publicaciones en redes sociales, Parodi también cuestionó que uno de los escritos de ONG lo acusara de generar “costos imposibles de cuantificar para el presente proceso, para la justicia ambiental y para la democracia”. Al respecto, señaló: “Ahora defienden la democracia también… Nunca pensé que expresar nuestro punto de vista pondría en riesgo la democracia en el país”. El ejecutivo insistió en que la compañía confía en que “los hechos, la ley, la ciencia y la razón se impongan sobre la ideología, el odio y la arbitrariedad que Cooke ha sufrido desde el inicio de este proceso”.