La controversia por la solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en la Región de Aysén sumó un nuevo capítulo judicial, luego de que la Corte Suprema declarara inadmisible un recurso de queja presentado por la comunidad indígena Pu Wapi, en su intento por revertir el rechazo a la entrega de más de 620 mil hectáreas de territorio marítimo bajo el amparo de la Ley Lafkenche, según publicó diario El Mercurio.
El conflicto se originó tras la decisión unánime adoptada el 9 de diciembre por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén, que volvió a rechazar las solicitudes de ECMPO Cisnes e Islas Huichas, presentadas por las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain, respectivamente. La nueva votación se realizó luego de que, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema ordenara retrotraer el proceso a la etapa de votación.
Pese a este rechazo, la comunidad Pu Wapi recurrió nuevamente a la justicia. A mediados de enero ingresó un escrito solicitando que se declarara incumplida la sentencia definitiva, argumentando que la CRUBC había excedido el plazo legal de un mes establecido en la Ley N° 20.249 para emitir su pronunciamiento. Según la comunidad, dicho incumplimiento debía derivar en un “pronunciamiento favorable”, al configurarse el denominado silencio positivo.
Continuarán disputa
Esta acción fue desestimada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Ante ello, Pu Wapi presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en contra de los ministros José Ignacio Mora, Luis Aedo y Natalia Rencoret, buscando dejar sin efecto el fallo anterior. Sin embargo, la Tercera Sala del máximo tribunal declaró inadmisible dicho recurso, cerrando esa vía judicial específica.
Aun así, los abogados de la comunidad, Felipe Guerra y Gonzalo Sánchez, anunciaron que continuarán desplegando acciones legales para impugnar el rechazo de la solicitud de ECMPO Cisnes, que comprende 227.272 hectáreas. En declaraciones a El Mercurio, sostuvieron que “la votación estuvo viciada tanto en la forma como en el fondo. En lo sustantivo, el fallo se incumple desde el momento en que se reiteran fundamentos que ya estaban asociados a actos previamente anulados, en lugar de realizar un análisis renovado y serio de compatibilización con el fin protector de la Ley Lafkenche, tal como lo ordenó la Corte Suprema (…)”.
Agregaron que “es importante agregar que la resolución se dictó fuera del plazo legal, y conforme al texto expreso de la Ley 20.249, ese retraso produce un efecto jurídico específico que debe ser respetado”. En la misma línea, afirmaron que “continuaremos ejerciendo las vías legales de reclamación que el ordenamiento contempla. Pero es importante precisar que el objetivo no es dilatar, sino hacer valer las garantías y derechos que la propia ley consagra a las comunidades y que también se sostienen en estándares internacionales de derechos humanos aplicables a pueblos indígenas”. Asimismo, enfatizaron que “la certeza jurídica no se logra ‘cerrando’ a cualquier costo un procedimiento, sino con decisiones válidas, motivadas y ajustadas a derecho”.
Desde el sector acuícola, que concentra una parte significativa de su producción dentro de las áreas reclamadas por las comunidades, advierten que, pese al rechazo del intento de obtener un silencio positivo, el proceso no se encuentra completamente cerrado. Aún es posible la presentación de nuevas acciones judiciales y, en paralelo, se analiza un recurso administrativo de reclamación ante la propia CRUBC.
Incertidumbre
En ese contexto, según recogió El Mercurio, el gerente general de SalmonChile, José Tomás Monge, sostuvo que estos nuevos recursos administrativos y judiciales “constituyen un nuevo golpe a las certezas en la Región de Aysén”. A su juicio, “a través de trámites dilatorios, se intenta nuevamente ir en contra de resoluciones que han sido rechazadas en tres oportunidades por una amplia mayoría (…)”. Monge agregó que “estos procesos acumulan a la fecha 12 años de tramitación, lo que constituye una demostración clara de la instrumentalización y mala aplicación de la ley para paralizar los sectores productivos del litoral de Aysén”.
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, señaló que observan “una tendencia a la judicialización permanente, que termina dejando extensas zonas del borde costero en una incertidumbre que se arrastra por años”. En su opinión, “el sistema está mostrando malas prácticas y debilidades estructurales”. Añadió que “la inadmisibilidad de un recurso puntual no resuelve el problema de fondo: hoy tenemos un marco regulatorio denso, complejo y con vacíos que permiten que procesos se extiendan indefinidamente”.
Desde el ámbito del análisis de políticas públicas, Tomás Espinosa, analista de Pivotes, indicó que “mientras los tribunales no confirmen la decisión de la CRUBC, el proceso seguirá abierto”. En ese sentido, sostuvo que el caso “está lejos de concluir”, ya que sigue pendiente el recurso administrativo presentado ante la CRUBC, cuya decisión puede ser apelada ante la justicia. Incluso, advirtió que “si este proceso judicial llegara a cerrarse en forma definitiva, nada impide que se presenten nuevas solicitudes de ECMPO sobre la misma zona, lo que podría reactivar un escenario de paralización e incertidumbre similar a la actual”.
Así, pese a la inadmisibilidad del último recurso ante la Corte Suprema, el conflicto en torno a las solicitudes de ECMPO en Aysén continúa proyectándose como un proceso abierto, con implicancias jurídicas, productivas y regulatorias que siguen generando tensión en el borde costero de la región.
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