Fallo de la Corte Suprema deja en incertidumbre 300 concesiones salmoneras

La industria salmonera enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre tras la decisión de la Corte Suprema de anular la votación realizada en 2024 y ordenar repetir el proceso para resolver el destino de 621 mil hectáreas de borde costero en la Región de Aysén. La resolución reactivó la controversia por dos solicitudes de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, presentadas por las comunidades Antunen Rain y Pu Wapi, que en su conjunto abarcan un área equivalente al 40 por ciento de la superficie de la Región Metropolitana.

La definición de estas solicitudes ya había generado un episodio de alta tensión a inicios de 2024, dado que su aprobación habría traspasado la administración de una extensa zona costera a ambas comunidades, con efectos directos sobre cientos de concesiones salmoneras en la región. La Comisión Regional de Uso del Borde Costero rechazó ambas peticiones en su momento, iniciativa que fue posteriormente respaldada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Sin embargo, el máximo tribunal revirtió esa decisión, acogió los recursos de las comunidades y dejó sin efecto las resoluciones previas, ordenando realizar una nueva votación el próximo 9 de diciembre.

Alarma en el sector

El fallo generó preocupación en el sector, que evalúa posibles impactos en alrededor de 300 concesiones acuícolas, equivalentes al 45 por ciento de las existentes en Aysén y al 25 por ciento de la capacidad productiva nacional. Tomás Monge, gerente de asuntos corporativos de SalmonChile, señaló que “sienta un precedente preocupante para toda la economía nacional”. Añadió que la decisión provoca “incertidumbre en toda la cadena de valor de la salmonicultura, desde el Biobío al sur, afectando no solo a los productores, sino también a toda una red de proveedores, transportistas, servicios asociados y trabajadores”.

Monge expresó además una mirada crítica respecto del marco normativo vigente. Afirmó que “vemos con preocupación cómo una ley (Lafkenche) que pudo haber tenido un fin noble se ha transformado en una herramienta para paralizar sectores productivos y el desarrollo en zonas históricamente rezagadas”. Indicó también que espera que en la nueva votación “prime el bien común, la racionalidad y una visión equilibrada de desarrollo regional”.

Más de 600 mil hectáreas para un poco más de 30 personas

Desde el Consejo del Salmón, su presidenta ejecutiva, Loreto Seguel, sostuvo que “la nueva citación de la CRUBC de Aysén confirma la enorme incertidumbre que generaron los fallos recientes de la Corte Suprema, que ordenaron reabrir solicitudes de ECMPO por más de 600 mil hectáreas para un poco más de 30 personas”. Señaló que, aunque el proceso sea regional, sus efectos se proyectan más allá de Aysén y que “sus efectos trascienden por completo a Aysén: está en juego la certeza jurídica y el futuro productivo y sostenible del sur de Chile”. Agregó que el resultado de este caso “marcará un precedente nacional, con efectos profundos en empleo, inversión y desarrollo”, resaltando además que “la aplicación de la ley Lafkenche, tal como está hoy, ha generado tensiones incluso entre las mismas comunidades en distintas regiones, por lo que urge su perfeccionamiento, y las sentencias de la Corte Suprema, en este caso en particular, no contribuyen a reducir dichas tensiones”.