FEREPA Biobío cuestiona demanda de pesqueras contra el Estado por ley de fraccionamiento

Ferepa Biobío expresó su sorpresa y preocupación frente a las acciones judiciales impulsadas por empresas de la industria pesquera que han anunciado y presentado demandas contra el Estado de Chile tras la aprobación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, publicada en el Diario Oficial el 25 de junio de 2025.

Desde la organización señalaron que los argumentos esgrimidos por el sector industrial para justificar estas acciones serían erróneos, ya que desconocen un principio fundamental del sector: el mar y sus recursos son bienes de todos los chilenos.

El presidente de Ferepa Biobío, Cristian Arancibia Chandía, calificó estas acciones como un intento del gran empresariado pesquero por deslegitimar una política pública que busca corregir inequidades históricas en la distribución de los recursos marinos.

“Resulta sorprendente que hoy algunas empresas pesqueras pretendan instalar la idea de que la ley de fraccionamiento constituye una ‘expropiación’. Los recursos pesqueros en Chile son bienes nacionales de uso público; pertenecen al Estado y a todos los chilenos, no a privados. Por lo tanto, hablar de expropiación es simplemente desconocer la naturaleza jurídica de los recursos del mar”, afirmó.

La reacción de Ferepa surge luego de conocerse la demanda presentada por la empresa Pesquera Landes, que reclama más de 70 millones de dólares al Estado argumentando perjuicios económicos derivados de la nueva distribución de cuotas de pesca, particularmente en la pesquería del jurel.

Desde el sector de la pesca artesanal sostienen que este tipo de acciones judiciales forman parte de una estrategia del sector industrial para intentar frenar cambios orientados a una mayor equidad en el acceso a los recursos.

“Lo que vemos hoy es una verdadera pataleta del empresariado pesquero. Participaron activamente en las discusiones legislativas sobre la administración de las pesquerías y fueron parte de los acuerdos que definieron muchos de los criterios de distribución. Pretender ahora desconocer la legitimidad de una ley aprobada democráticamente es, al menos, contradictorio”, indicó Arancibia.

El dirigente añadió que la discusión sobre el fraccionamiento pesquero debe comprenderse en un contexto más amplio, marcado por décadas de concentración de cuotas en manos de pocas empresas y por la necesidad de avanzar hacia un modelo de administración más equilibrado.

“El fraccionamiento no busca destruir la industria ni afectar el desarrollo productivo. Lo que busca es avanzar hacia una distribución más justa de los recursos pesqueros, considerando que detrás de la pesca artesanal existen miles de familias, caletas y economías locales que dependen directamente del mar”.

Finalmente, Arancibia enfatizó que el Estado tiene la facultad y la responsabilidad de administrar los recursos pesqueros en función del interés público, la sustentabilidad y el bienestar social.

“La pesca no puede seguir entendiéndose como un patrimonio privado de algunos grupos económicos. Es un patrimonio del país, y las decisiones sobre su administración deben responder al interés colectivo y no a presiones judiciales del gran empresariado”.

Desde Ferepa Biobío concluyeron que continuarán defendiendo los avances orientados a democratizar el acceso a los recursos pesqueros y a fortalecer el rol social y productivo de la pesca artesanal en las regiones del país.