Camanchaca alista demanda contra el Fisco por Ley de Fraccionamiento

La empresa Camanchaca prepara una demanda contra el Fisco de Chile por los efectos de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, recientemente aprobada, que redistribuye cuotas de captura en favor del sector artesanal en desmedro del industrial. La compañía advierte un “perjuicio sustancial” para la pesca industrial y cuestiona además el resultado de la negociación del Gobierno respecto de los aranceles al salmón en Estados Unidos.

Ricardo García, gerente general de Camanchaca, señaló en entrevista con Pulso-La Tercera que la normativa significará pérdidas anuales estimadas entre US$8 millones y US$10 millones, tomando como referencia el jurel en la zona centro-sur. Según explicó, se trata de más de 25 mil toneladas que se restarían al sector industrial para entregárselas a grandes pescadores artesanales o semi-industriales.

El ejecutivo detalló que la estrategia legal está siendo diseñada por el abogado Jorge Bofill y que se encargó al economista Patricio Arrau un informe para cuantificar el impacto económico, cuyos efectos comenzarán a sentirse a partir de 2026, cuando la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur entregue la recomendación sobre la cuota de jurel.

“La Ley de Fraccionamiento vino acompañada de un arancel cercano al 30% sobre las importaciones de jurel extranjero. Eso significa que países como China, Rusia o europeos van a capturar más jurel en aguas internacionales, mientras nosotros, dentro de nuestra zona económica exclusiva, vamos a pescar menos. Tendremos menos jurel para procesar, haremos menos conservas, menos producto congelado”, sostuvo García.

El gerente general de Camanchaca también cuestionó la negociación del Gobierno con Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump impusiera un arancel de 10% a las importaciones chilenas. “Una buena negociación habría mantenido los aranceles en 0%, como lo establece el Tratado de Libre Comercio”, afirmó.

“Fue una zancadilla a la prosperidad de Chile”

En una publicación en redes sociales, Ricardo García reforzó sus críticas, señalando que la Ley de Fraccionamiento “fue una zancadilla a la prosperidad de Chile porque viola un Estado de Derecho. Confisca y expolia activos de empresas chilenas que buscan con ellos crecer y dar prosperidad a sus grupos de interés y a las regiones. Y todo por populismo e ideología”.

El ejecutivo advirtió que los cambios “no solo implican un daño directo, sino que además atemorizarán a futuros inversionistas”, y acusó la existencia de “una marea de regulación ideológica” proveniente del Gobierno, citando como ejemplos la Ley Lafkenche y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Asimismo, planteó que el próximo gobierno debiera avanzar en tres líneas: mejorar el régimen de propiedad de los derechos pesqueros artesanales para evitar las “carreras olímpicas”; remover obstáculos y costos regulatorios en la acuicultura; y aprobar una nueva ley acuícola que defina el desarrollo de la actividad en los próximos 25 años.

“Desde el mar de Chile podemos alimentar al mundo, pero para eso necesitamos una visión de país que impulse la industria y no ponga trabas originadas en ideología o en intereses de minorías”, concluyó García.