Diputados del sur exigen transparencia y participación real en consulta pública de la Ley SBAP

 En respuesta a la reciente decisión de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, de extender el plazo de consulta pública sobre la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), los diputados Mauro González de la región de Los Lagos y Marcia Raphael de la región de Aysén han manifestado su preocupación sobre las implicancias que esta normativa podría tener en el desarrollo económico de sus respectivas localidades.

La extensión del plazo se produce luego de que los gremios empresariales del país alertaran sobre los riesgos que la implementación de la ley podría conllevar para la actividad productiva nacional. En una declaración pública, los empresarios enfatizaron que esta medida podría desencadenar un «congelamiento» productivo, además de calificar la regulación como una «posible expropiación regulatoria».

El diputado Mauro González, quien ha sido crítico de esta normativa, expresó: “Si bien entendemos la importancia de proteger nuestros recursos naturales y biodiversidad, es crucial que no se tomen decisiones que pongan en riesgo la continuidad de actividades económicas que son fundamentales para nuestras comunidades. La consulta ciudadana debe ser genuina y permitir que todos los sectores tengan voz en este proceso”.

Por su parte, la diputada Marcia Raphael, quien ofició a la ministra Rojas sobre la situación de Chile Chico, subrayó la relevancia de considerar las particularidades de su comuna, localizada en un microclima excepcional que sustenta actividades como la agricultura, ganadería, viticultura y turismo. “La propuesta actual implica la limitación sobre más de 35.000 hectáreas, algo que puede afectar gravemente la disponibilidad de suelos y el bienestar económico de nuestros habitantes. Necesitamos claridad sobre el objetivo y el alcance de la definición de los sitios prioritarios que están bajo análisis”, argumentó.

Raphael también solicitó información detallada sobre las etapas y plazos del proceso así como los mecanismos de participación ciudadana que se están considerando, enfatizando que “es fundamental que las decisiones que impacten el desarrollo de nuestras regiones se lleven a cabo con transparencia y seriedad. La comunidad debe ser parte activa de este proceso, y es imperativo que sus voces sean escuchadas.”

Ambos legisladores coincidieron en que, aunque la conservación del medio ambiente debe ser una prioridad, es esencial equilibrar estos esfuerzos con el desarrollo sostenible de las comunidades locales. “No podemos permitir que políticas públicas diseñadas con buenas intenciones resulten en consecuencias negativas para aquellos que dependen de la tierra y sus recursos naturales para vivir. La participación ciudadana debe ser vinculante, asegurando que la normativa final sea respetuosa con el modelo productivo local”, concluyeron.