"Vemos como cada año una de las flotas más grandes del mundo se instala a pescar jibia sin ningún tipo de regulación y fiscalización. No tiene sentido alguno”, afirmó el capitán de pesca y director de la Asociación Gremial de Oficiales de la Pesca Industrial, Marcelo Fernández.
Cada año, cuando termina la temporada de captura del calamar Illex, frente a las costas de Argentina, la flota de 450 barcos factorías chinos cruza por el estrecho de Magallanes para venir a capturar jibia en el océano Pacífico, al borde de las 200 millas de Perú y Chile.
La situación es calificada por dirigentes de trabajadores y trabajadoras de la industria pesquera nacional como absurda. “Mientras en Chile seis barcos industriales tienen prohibida la captura de la jibia por decisión del Congreso, vemos como cada año una de las flotas más grandes del mundo se instala a pescar jibia sin ningún tipo de regulación y fiscalización. No tiene sentido alguno”, afirmó el capitán de pesca y director de la Asociación Gremial de Oficiales de la Pesca Industrial, Marcelo Fernández.
Cabe destacar que en 2018 se aprobó la denominada Ley de la Jibia, iniciativa que nació de una moción parlamentaria y que prohibió la captura de esta especie con barcos industriales con arrastre de media agua.
Según afirma Marcelo Fernández “la ley nunca tuvo ningún sustento científico, ya que, la pesca de jibia con arrastre no tenía fauna acompañante y tampoco afectaba fondos marinos ecológicamente vulnerables, ya que, era pesca de media agua, muy cerca de la superficie y muy lejos del fondo. Nuestros barcos industriales pescaban 40.000 toneladas de jibia de buen tamaño, de 10 kilos promedio, y la inmensa flota China pesca 500.000 toneladas de jibia de menos de un kilo de tamaño, literalmente están depredando la especie».
Entre las consecuencias que tuvo la ley y que aún se dejan sentir en la Región del Biobío estuvo que 6 barcos industriales dejaron de operar y seis plantas de proceso industrial también bajaron sus cortinas. Se estima que 1.700 personas perdieron sus empleos de manera directa por la aplicación de la ley y las pérdidas cinco años después son devastadoras para el sector.
También se cree que el país perdió participación y competitividad en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, organismo multilateral que administra especies altamente migratorias como el jurel y la jibia y que en el mediano plazo podría 
fijar una cuota por país.
Según se estima, el país dejó de capturar, procesar y vender un total de 90.000 toneladas anuales de jibia y sólo considerando la exportación se evalúan en unos 117 millones de dólares anuales las pérdidas.
La dirigente de trabajadores y trabajadoras de plantas procesadoras del Biobío, Luisa Zapata, afirma que “cientos de compañeros y compañeras perdieron sus empleos y nunca más volvieron a recuperarlos. El daño que se hizo con esa ley aún lo sentimos en el Biobío y particularmente las mujeres trabajadoras de comunas como Talcahuano y Coronel”.
