La Región de Magallanes enfrenta un escenario de alta sensibilidad regulatoria, marcado por el cierre acelerado de instrumentos normativos estructurales en las últimas semanas de la actual administración. Así lo advirtió el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, quien llamó a elevar el estándar técnico y jurídico en la aprobación de planes que definirán reglas para las próximas décadas.
Según expuso el dirigente en un reportaje publicado por el diario El Pingüino, la coincidencia entre decisiones regulatorias de largo alcance y el término de un gobierno obliga a actuar con especial prudencia. A su juicio, el Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar es un ejemplo de instrumentos cuya aprobación apresurada puede trasladar tensiones interpretativas desde la etapa de diseño hacia la implementación, exponiendo a la región a conflictos y judicialización.
Odebret subrayó que este tipo de herramientas no corresponde a definiciones programáticas, sino a instrumentos jurídicos que organizan atribuciones administrativas, establecen mecanismos de gobernanza y condicionan decisiones públicas futuras. En ese marco, advirtió que eventuales inconsistencias técnicas o normativas no se resuelven con la aprobación formal, sino que persisten y se manifiestan posteriormente en permisos, protocolos y autorizaciones sectoriales.
Postura de la CPC Magallanes
Una preocupación similar fue expresada por la CPC Magallanes, que en una declaración pública advirtió que la región “necesita normas coherentes, ampliamente legitimadas y construidas sin apresuramientos ni ataduras, para sostener su crecimiento y desarrollo en el largo plazo”. El gremio empresarial regional identificó al menos tres procesos que requieren una discusión más amplia, técnica y transversal: el Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar, el Reglamento Antártico Medioambiental y el Plan de Manejo del Área de Conservación de Múltiples Usos del Golfo de Penas.
Desde la CPC valoraron el avance en los procesos de consulta indígena y reconocieron la relevancia de integrar adecuadamente la dimensión ambiental y cultural del territorio, particularmente en el caso del pueblo Kawésqar, al que definieron como parte esencial de la identidad regional. No obstante, señalaron que persisten inconsistencias jurídicas entre antecedentes técnicos, acuerdos alcanzados y el marco normativo vigente, especialmente en materias de gobernanza y atribuciones administrativas.
En materia antártica, el gremio alertó que los reglamentos ambientales ya emitidos se elaboraron sin una participación adecuada de los operadores regionales, alejándose de la realidad operativa y poniendo en riesgo una actividad estratégica para Magallanes. En esa línea, plantearon que la prudencia aconseja no acelerar la promulgación del Reglamento de Medioambiente de Operaciones Antárticas solo por el término del actual gobierno.
Respecto del Área de Conservación de Múltiples Usos del Golfo de Penas, la CPC cuestionó un proceso que calificó como centralista e inconsulto con la región, advirtiendo que se trata de una zona clave para la conectividad marítima de Magallanes y compartida en términos pesqueros con la Región de Aysén.
Tanto desde el sector salmonicultor como desde el empresariado regional coinciden en el impacto de estos procesos. La incertidumbre regulatoria afecta transversalmente a las provincias de Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica, golpeando con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas, que cumplen un rol central en el empleo y la dinamización económica regional.
En ese contexto, Odebret recalcó que la calidad institucional debe primar por sobre la rapidez del cierre normativo, advirtiendo que decisiones apresuradas pueden debilitar la estabilidad regulatoria que la región necesita para compatibilizar conservación, desarrollo productivo y gobernanza territorial de largo plazo.
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