Con foco en compatibilizar el resguardo del uso consuetudinario con el desarrollo productivo del borde costero, el Plan Salmón 2050, liderado por la Municipalidad de Puerto Montt, presentó una propuesta de modificación a la Ley Lafkenche y su reglamento, documento que fue elaborado sobre la base de un estudio jurídico desarrollado por la Universidad San Sebastián, sede Patagonia, encabezado por la académica María Paz Olavarría, directora de la carrera de Derecho de la USS.
La propuesta fue socializada en una mesa ampliada que reunió a autoridades regionales, parlamentarios, representantes del Ejecutivo, gremios salmoneros, trabajadores y academia, en una instancia orientada a consensuar observaciones antes de su presentación al Gobierno y al Congreso.
La propuesta
Uno de los principales ejes del documento apunta a modificar el actual procedimiento para la determinación del uso consuetudinario, trasladando esa definición desde la administración a sede judicial, a través de un procedimiento no contencioso.
Sobre este punto, la directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián sede Patagonia, María Paz Olavarría, explicó que el objetivo es que dicha determinación recaiga en un tercero imparcial, manteniendo al mismo tiempo los resguardos vinculados a la consulta indígena.
“Lo que se plantea es que esa determinación del uso consuetudinario hoy recaiga en los tribunales de justicia a través de un tercero imparcial, un tercero independiente del Estado, que con todos los antecedentes haga esa determinación. Lo más importante es que pida informe a Conadi para efectos de que haga sus planteamientos respecto a la consulta indígena, pero que en el fondo no sea un informe vinculante para que el tribunal tome su resolución firme”, señaló.
La académica añadió que la propuesta no elimina la obligatoriedad de la consulta indígena contemplada en el Convenio 169 de la OIT. “La consulta indígena es una exigencia obligatoria para nuestro país en virtud del Convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, por lo tanto hay que respetarlo”, afirmó.
Impacto en la inversión y altos niveles de desempleo
En el plano político, el senador Carlos Kuschel advirtió sobre el impacto que, a su juicio, la actual aplicación de la normativa ha tenido sobre la inversión y el empleo en la región. En ese sentido, sostuvo que “desde que se implementó esto, se han paralizado las inversiones acuícolas en nuestra región. Nuestra región pasó de tener 3% de cesantía a 6,5%. No hay ninguna inversión, no hay aumento de producción en nuestra región”, advirtiendo además que en zonas como Aysén y Magallanes el escenario productivo es aún peor.
El parlamentario recordó además que el trabajo legislativo previo comenzó con cinco modificaciones específicas, las que posteriormente se ampliaron durante su discusión en la Comisión de Pesca. “Originalmente presentamos cinco propuestas, una de quórum y cuatro de plazos. En el avance del proyecto de la Comisión de Pesca terminamos en 14 cambios. Pero todo eso lo vamos a ver de nuevo, y mientras tanto estamos pidiendo que no se ponga en tabla y que el gobierno no le dé urgencia, para poder incorporar estas y otras propuestas que hay”, indicó.
Apurar la consulta indígena
Desde la Cámara de Diputados, Alejandro Bernales sostuvo que en la macrozona sur existe amplio consenso respecto de la necesidad de modificar la ley, aunque advirtió que dicha disposición no siempre se replica en otras zonas del país. “Los parlamentarios que no les toca vivir la situación que tenemos en esta región, efectivamente no se muestran muy abiertos a poder legislar respecto a la Ley Lafkenche. Ahora, acá el sartén por el mango lo tiene el gobierno. Nosotros por eso en la Comisión de Pesca le solicitamos al subsecretario de esta cartera que en un mes pueda ingresar el proyecto de ley o cómo vamos a avanzar con la modificación de la Ley Lafkenche”, afirmó.
Bernales añadió que uno de los puntos que requiere mayor celeridad es la consulta indígena, advirtiendo que debe iniciarse tempranamente para evitar retrasos en la tramitación legislativa. “La consulta indígena hay que hacerla rapidísimo, hay que hacerla ahora, no se puede repetir el error que se cometió en el pasado con la Ley de Patrimonio, que se hizo una consulta indígena cuando estaba en la mitad del gobierno, porque es un proceso que es largo”, señaló.
El convenio 169 de la OIT
Por su parte, la diputada Claudia Reyes planteó que a su juicio, también es necesario abrir la discusión sobre el Convenio 169 de la OIT, instrumento que, según señaló, ha servido de fundamento para la normativa vigente.
“Creo que acá también hay un punto que quizás no se ha tocado y que es muy importante poner sobre la mesa: que solo 24 países del mundo han ratificado el Convenio 169 de la OIT, y en el fondo se cita como fundamento de esta ley. Yo creo que no es un derecho internacional obligatorio; este convenio, después de 25 años de aprobado en la Organización Internacional del Trabajo, ha sido ratificado tan solo por el 11% de los países del mundo, fundamentalmente en América Latina, también en algunos países africanos y en un par de países europeos que no tienen población indígena”, afirmó.
En esa línea, Reyes sostuvo que Chile podría eventualmente revisar su permanencia en dicho instrumento internacional. “También señalar que en el país este convenio entró en vigencia en julio de 2008 y, según el artículo 39, Chile se puede retractar de este acuerdo. Entonces también tenemos, debido a que se ha señalado que esto puede durar muchos procesos, que en septiembre de 2029 podríamos rechazar la participación de nuestro país en este convenio”, planteó.
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