Las disposiciones del Plan de Reconstrucción Nacional vinculadas a la salmonicultura llegaron este miércoles al centro del debate ante el Tribunal Constitucional (TC), durante la audiencia pública convocada en el marco de los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra distintas normas de la iniciativa.
Un total de 56 organizaciones fueron inscritas como terceros interesados para exponer ante el Pleno, entre ellas entidades ambientalistas, organizaciones sindicales, centros de estudio y asociaciones gremiales. Por parte de la industria salmonicultora participaron la Asociación de la Industria del Salmón de Chile (SalmonChile) y el Consejo del Salmón, cuyas intervenciones se concentraron en la defensa de los artículos 5 y 6 del proyecto y, particularmente, de las modificaciones relacionadas con las relocalizaciones y microrelocalizaciones de concesiones acuícolas.
Ambos gremios sostuvieron que las disposiciones cuestionadas no implican una regresión en materia ambiental y defendieron que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) constituye uno de los instrumentos disponibles para la protección del medio ambiente, pero no el único. Asimismo, argumentaron que las microrelocalizaciones contempladas en el proyecto mantienen exigencias y controles sectoriales y que su exclusión del SEIA, bajo las condiciones establecidas por la iniciativa, no supone por sí misma una vulneración constitucional.
Las exposiciones también abordaron los cuestionamientos jurídicos formulados en los requerimientos. Los representantes de SalmonChile y del Consejo del Salmón coincidieron en sostener que parte de las impugnaciones corresponden a discrepancias respecto del mérito de la regulación aprobada por el Congreso y plantearon objeciones sobre la congruencia entre las reservas de constitucionalidad formuladas durante la tramitación legislativa y los argumentos posteriormente presentados ante el TC.
La audiencia se desarrolla antes de que el Tribunal escuche este jueves 13 de agosto los alegatos de las partes y avance posteriormente hacia una resolución sobre el fondo de los requerimientos, cuyo resultado podría incidir en disposiciones que la industria considera relevantes para destrabar procesos pendientes en materia de concesiones acuícolas.
SalmonChile: microrelocalizaciones no implicarían una regresión ambiental
En representación de SalmonChile, el abogado y exministro de Justicia Luis Cordero Vega centró su intervención en la impugnación de los artículos 5 y 6 del proyecto. Su exposición puso especial énfasis en las microrelocalizaciones y en cuestionar que las modificaciones aprobadas puedan ser consideradas una regresión en materia ambiental.
Para explicar el alcance de la medida, Cordero planteó el caso de un centro de cultivo instalado hace décadas cuya ubicación pudiera desplazarse algunos cientos de metros sin incrementar su producción. Según argumentó, un cambio de esas características podría favorecer las corrientes y la oxigenación del fondo marino, reduciendo el impacto de la operación.
“Imaginemos por un momento una jaula de cultivo de salmones en un fiordo del sur, instalada hace 30 años aproximadamente, con la tecnología de entonces. Hoy sabemos que moverla 300 metros sin producir un kilo más mejoraría las corrientes, oxigenaría el fondo marino y reduciría el impacto. Eso es una microrelocalización”, sostuvo.
A partir de ese ejemplo, el representante de SalmonChile afirmó que la controversia planteada ante el Tribunal no correspondería, a juicio del gremio, a un problema de constitucionalidad, sino a una discrepancia respecto del mérito de la regulación aprobada por el Congreso.
“Lo que se presenta, en rigor, no es un problema de constitucionalidad. Lo que existe es un desacuerdo de mérito, que es legítimo, por cierto. Pero los desacuerdos de mérito en la legislación se resuelven en el sistema democrático y no ante vuestras señorías”, señaló.
Cordero también cuestionó la correspondencia entre las reservas de constitucionalidad formuladas durante la discusión legislativa y los argumentos incluidos posteriormente en el requerimiento. Según expuso, durante la tramitación se habría planteado específicamente la falta de consulta indígena, mientras que la impugnación incorporó posteriormente cuestionamientos relacionados con igualdad, regresión ambiental y financiamiento de estudios por privados.
En materia ambiental, el abogado sostuvo que el cuestionamiento atribuiría al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un papel que excedería su condición de instrumento legal. Argumentó que la protección ambiental no depende exclusivamente de este mecanismo y recordó que la propia Ley General de Pesca y Acuicultura contempla principios ambientales aplicables al sector.
“El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es uno de los instrumentos de la legislación para ese propósito o fin. Es un instrumento legal, por cierto valioso. La Carta Constitucional impone un fin, un propósito, que es proteger la naturaleza, no congelar los instrumentos”, afirmó.
Respecto de las microrelocalizaciones, Cordero planteó que la disposición aprobada impide aumentar la producción y que, por ello, estos desplazamientos no gatillarían por sí mismos el umbral de ingreso al SEIA. Como respaldo de su argumento, hizo referencia tanto a las reglas actualmente contenidas en el reglamento del sistema como a una decisión adoptada en 2025 por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
Finalmente, abordó los cuestionamientos relacionados con el principio de igualdad y con el financiamiento privado de informes sobre bancos naturales. Sobre este último punto, sostuvo que la legislación ya contempla un mecanismo de este tipo en el artículo 122 bis, acompañado, según explicó, de condiciones como registro, licitación y tarifa pública.
“Confunde pagar con decidir. Este no es un caso de regresión ambiental y, simplemente, lo que está en juego es un caso de diferencia razonada”, concluyó.
Consejo del Salmón destaca respaldo transversal a las microrelocalizaciones
Por parte del Consejo del Salmón intervino el abogado Matías Mori Arellano, quien también concentró sus argumentos en los artículos 5 y 6 del proyecto. A diferencia de la exposición precedente, Mori puso inicialmente el acento en el respaldo político que alcanzaron las disposiciones sobre relocalizaciones y microrelocalizaciones durante su tramitación y en los efectos económicos que el gremio atribuye a su implementación.
Según expuso ante el Tribunal, las normas fueron aprobadas de manera unánime en comisiones del Senado, posteriormente recibieron el respaldo de 48 senadores y luego obtuvieron mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados. Mori sostuvo además que avanzar en soluciones regulatorias para relocalizaciones y microrelocalizaciones había formado parte de compromisos políticos previos.
“Las normas en materia de relocalización y microrelocalización gozan de un apoyo político de carácter transversal. Y eso se puede observar de los registros de las votaciones en el Congreso”, afirmó.
El representante del Consejo del Salmón vinculó además estas modificaciones con potenciales efectos sobre el empleo en las principales regiones productoras. Durante su exposición señaló que los beneficios económicos asociados a estas medidas podrían traducirse, según los antecedentes presentados por el gremio, en la generación de entre 2.000 y 6.000 puestos de trabajo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Tras abordar estos antecedentes, Mori centró el resto de su intervención en cuestionar la viabilidad jurídica del requerimiento. A juicio del Consejo del Salmón, existiría una falta de congruencia entre las reservas de constitucionalidad formuladas durante la tramitación del proyecto y las infracciones posteriormente planteadas ante el Tribunal.
“Nos encontramos con que no existe congruencia entre lo requerido y lo reservado. Por lo tanto, en el caso de acogerse el requerimiento en esta parte, necesariamente se debería modificar, enmendar, cambiar o corregir la reserva o el requerimiento, cuestión que este Tribunal ha señalado que no es posible realizar”, argumentó.
El abogado también rechazó los cuestionamientos relacionados con la igualdad ante la ley, señalando que el requerimiento compararía concesiones acuícolas con concesiones marítimas mayores pese a tratarse, según su argumentación, de situaciones jurídicas diferentes.
En materia ambiental, Mori coincidió con la postura expuesta previamente por SalmonChile respecto del alcance del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sostuvo que la exención contemplada para las microrelocalizaciones no implica prescindir de toda revisión, debido a que la propia disposición exige antecedentes técnicos y una autorización de la autoridad competente.
“Tampoco existe una vulneración al artículo 19 número 8, ya que la exención de ingreso de la microrelocalización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no tiene carácter constitucional. Es un instrumento, no es el único instrumento, y la norma de microrelocalización, como consta en el proyecto de ley, establece la presentación de antecedentes técnicos y la autorización por parte de la autoridad”, sostuvo.
Sobre esa base, Mori concluyó solicitando al Tribunal Constitucional rechazar el requerimiento en lo relativo a estas disposiciones.
Noticias relacionadas
Salmones Camanchaca eleva 15% sus ingresos pese a menores precios y cosechas