Siete empresas y ocho ejecutivos acusados de colusión en la compra de centolla magallánica

La denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra siete empresas procesadoras de centolla en la Región de Magallanes y ocho de sus ejecutivos abrió un fuerte debate en torno al impacto que esta presunta colusión habría tenido sobre los pescadores artesanales de la zona durante más de una década.

De acuerdo con la FNE, entre 2012 y 2021 las compañías se habrían concertado para fijar precios más bajos en la compra de centolla magallánica, reduciendo los ingresos de quienes dependen de este recurso. El caso está siendo visto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), al que la Fiscalía solicitó aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a las empresas —equivalentes a cerca de US$54 millones ($51.870 millones)— y 511 UTA a los ejecutivos, por casi US$445 mil ($424 millones).

Las compañías mencionadas en la denuncia son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.

Modus operandi del cartel

Según el organismo, los representantes de las empresas se coordinaban para intercambiar información estratégica sobre precios, reuniéndose en muelles de desembarque, ferias internacionales o encuentros locales, además de contactarse por llamados telefónicos, correos electrónicos y WhatsApp. El objetivo era fijar los precios de compra al inicio de la temporada y contener o retrasar las alzas que se producían durante el período de extracción, que va de julio a noviembre.

“La FNE acusa que, para lograr su objetivo, los representantes de las compañías se reunían presencialmente (…) o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla”, indicó el organismo.

Entre 2017 y 2021, las empresas adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de Magallanes, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad a China, Estados Unidos y México. Esto, según la Fiscalía, generó un perjuicio directo a los pescadores, quienes recibieron menores pagos que los que habrían obtenido en un mercado competitivo.

La investigación se inició en julio de 2020 tras una denuncia, y en febrero de 2021 la empresa Bakkavör junto a tres de sus ejecutivos accedieron al beneficio de delación compensada, confesando su participación y aportando antecedentes que permitieron acreditar la existencia del cartel.

Reacciones del Gobierno

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas Gutiérrez, expresó la preocupación del Ejecutivo por la magnitud del caso. “La colusión en el mercado de la centolla no solo vulnera la libre competencia, sino que golpea directamente a los pescadores artesanales de Magallanes. Es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios, afectando a quienes trabajan con honestidad en el mar”, afirmó.

De acuerdo con registros oficiales de la Subpesca, existen 857 embarcaciones inscritas para la captura de centolla en la región, de las cuales unas 400 operan cada temporada con cuatro o cinco tripulantes cada una, lo que equivale a más de 2.000 familias afectadas anualmente. “Desde que recibimos la noticia, hemos recabado antecedentes, nos estamos coordinando con la delegación presidencial de Magallanes, y sostendremos una pronta reunión con los pescadores artesanales afectados para mantenerlos al día de la investigación”, añadió la autoridad.

Reacciones políticas

La denuncia también motivó un fuerte emplazamiento desde el Congreso. La diputada por Magallanes, Javiera Morales, cuestionó la situación y pidió reparación. “Estas empresas se coludieron para comprar centolla a menor precio durante diez años. Como parlamentaria me urge saber cómo van a indemnizar a los cientos de pescadores artesanales que fueron perjudicados”, sostuvo.

La parlamentaria advirtió, además, que las compañías involucradas recibieron apoyo estatal a través de la Ley Navarino, lo que consideró especialmente grave. “He oficiado al Ministerio de Hacienda para conocer cuántos recursos públicos recibieron mientras cometían este delito, despreciando el trabajo de los pescadores”, señaló.

Finalmente, Morales recalcó que es “fundamental apoyar a los pescadores artesanales para que exijan las indemnizaciones correspondientes, porque este delito no puede quedar impune”.