Tribunal aprueba salida alternativa para Blumar por escape de salmones en Hualaihué el 2020

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt aprobó este miércoles 20 de agosto la salida alternativa en el caso del escape de salmones desde el centro de cultivo Caicura de Salmones Blumar, ocurrido en la comuna de Hualaihué el año 2020. La audiencia, presidida por el magistrado Cristián Alfonso Durruty, contó con la participación del fiscal Mario de La Fuente, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Tejos, el abogado defensor de la empresa, Pablo Ortiz Chamorro, y el representante legal de la compañía, Pedro Pablo Laporte.

En instancias anteriores la audiencia había sido postergada por la falta de diligencias, entre ellas los pronunciamientos de Sernapesca y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), así como la consulta a las caletas de pescadores de la zona. Dichos trámites fueron finalmente cumplidos, lo que permitió avanzar en el acuerdo.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, los sindicatos de pescadores artesanales manifestaron que no hubo afectación directa en los recursos hidrobiológicos, pues continúan encontrando especies como merluza, congrio y raya según la temporada. Sin embargo, señalaron que la estructura hundida en el sector de Caicura les impide realizar pesca en profundidad, ya que los implementos quedan atrapados en los restos del centro de cultivo, lo que los obliga a evitar esa zona para no perder materiales.

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado informó que Sernapesca y la Superintendencia del Medio Ambiente ya habían emitido sus pronunciamientos pendientes. El primero no presentó objeciones a la propuesta, aunque advirtió restricciones estatutarias para ciertas caletas, mientras que la SMA señaló que existe un procedimiento sancionatorio independiente respecto del monitoreo ambiental original. Por ello, se aclaró que las medidas acordadas en esta causa se ejecutarán de manera separada, mediante un nuevo programa de seguimiento específico en Caicura.

Condiciones de la salida alternativa

El fiscal Mario de La Fuente explicó que la suspensión condicional se fijó en un plazo de 24 meses, con el cumplimiento de tres condiciones dentro de los primeros 18 meses. “La primera condición es la constitución de un fondo de apoyo al sector pesquero artesanal por un monto total no inferior a 130 millones de pesos, destinado a diez caletas de la zona: Anahuac, PichiPelluco, Astillero Gutiérrez, Rolecha, Quetén, La Poza, Contao, Mañihueico, Puelche y Caicura”, señaló en la audiencia.

El magistrado observó la necesidad de detallar la forma de distribución de los recursos entre las caletas. Ante ello, se acordó que los 130 millones se repartirán de manera igualitaria, con posibilidad de ajustes si alguna de las organizaciones no pudiera recibir fondos, caso en el que se redistribuirán entre las restantes.

La segunda condición considera un aporte no inferior a 85 millones de pesos a la Escuela Rural Mañihueico, en la comuna de Hualaihué. Los fondos estarán orientados al ecodiseño y construcción de una infraestructura abierta y techada para actividades pedagógicas, recreativas y comunitarias, además del mejoramiento de instalaciones como el huerto, el invernadero, el sistema de compostaje y punto limpio.

Programa de monitoreo ambiental

La tercera condición corresponde al desarrollo de un programa de monitoreo ambiental en el sector afectado por el hundimiento, con una inversión no inferior a 120 millones de pesos. Según lo expuesto en la audiencia, el plan estará a cargo del Centro I-Mar de la Universidad de Los Lagos y de la consultora Centro de Ecología Aplicada, con el fin de caracterizar las condiciones oceanográficas, fisicoquímicas y biológicas de la zona donde se emplaza el centro de cultivo Caicura. “Tendrá en particular el objetivo de mantener bajo control y observación el estado del medio marino en el sector en que se provocó el hundimiento”, expuso el fiscal.

El magistrado Durruty dispuso que los informes de cumplimiento se entreguen al tribunal cada tres meses, en lugar de cada seis, y que las condiciones estén ejecutadas dentro del plazo de 18 meses, mientras que la suspensión condicional del procedimiento se extenderá por 24 meses. Tras confirmar la aceptación del Ministerio Público, el CDE y la defensa de Blumar, el juez resolvió aprobar la salida alternativa, quedando la empresa obligada a cumplir con las medidas acordadas bajo supervisión judicial.