El borrador del reglamento que regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), en el marco de la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ha generado observaciones desde distintos sectores productivos, incluida la salmonicultura, por los eventuales efectos que podría tener sobre operaciones existentes, inversiones y concesiones en zonas costeras.
Según informó Emol, el texto, actualmente en consulta pública hasta el 28 de abril, establece los procedimientos para la creación y gestión de áreas protegidas, además de los planes de manejo que definirán qué actividades podrán desarrollarse tanto dentro de estos espacios como en sus zonas aledañas. Uno de los puntos que concentra mayor preocupación son las denominadas zonas de amortiguación, donde podrían aplicarse restricciones parciales sin que el borrador precise con claridad su alcance territorial ni las medidas específicas asociadas.
Impacto en la salmonicultura
En el caso de la salmonicultura, especialmente en Magallanes, las observaciones apuntan a vacíos técnicos en la formulación del reglamento, entre ellos la ausencia de líneas de base ambiental explícitas para justificar la creación de áreas protegidas y la falta de consideración temprana de las actividades productivas ya existentes.
El sector advierte que estos aspectos podrían traducirse en escenarios de baja certeza jurídica, afectando la continuidad operacional de centros de cultivo emplazados en territorios donde la acuicultura constituye una actividad económica relevante.
Otro de los puntos cuestionados corresponde a las medidas provisionales que el SBAP podría aplicar desde la creación de un área protegida, mientras se elabora el plan de manejo definitivo, proceso que podría extenderse por más de 18 meses.
Sobre este aspecto, gremios productivos, incluidos representantes de la salmonicultura, han planteado que la Ley N° 21.600 no otorgaría expresamente esa potestad, advirtiendo que, en la práctica, estas medidas podrían operar como planes de manejo «encubiertos» sin cumplir con los estándares de participación exigidos por la normativa.
El proceso de consulta pública continuará abierto hasta el 28 de abril, fecha tras la cual el Ejecutivo deberá sistematizar las observaciones recibidas y definir el texto final del reglamento.
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