La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por Empresas AquaChile y confirmó la decisión del Consejo para la Transparencia que ordena a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) entregar antecedentes vinculados a procesos de relocalización de concesiones salmoneras ubicadas en o cerca de áreas protegidas de la Patagonia.
La controversia se originó a partir de una solicitud de acceso a la información presentada en marzo de 2025 por Patricio Segura Ortiz, actual presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Consejo para la Transparencia e integrante del directorio de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA).
El requerimiento apuntó a obtener las actas de reuniones, informes, hoja de ruta, oficios, correos electrónicos, estudios, resoluciones y demás antecedentes relacionados con el compromiso público-privado anunciado en diciembre de 2023 para priorizar la relocalización de nueve concesiones acuícolas que operan en o cerca de los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins, además de otros procesos similares en curso.
Dicha solicitud de transparencia se enmarca en el acuerdo suscrito en diciembre de 2023 entre AquaChile, Cooke Aquaculture Chile y el gobierno del entonces Presidente Gabriel Boric, mediante el cual se comprometió priorizar la relocalización de nueve concesiones acuícolas que operaban en o cerca de los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins, con el objetivo de avanzar en la salida de la actividad salmonicultora desde esas áreas y sus zonas adyacentes.
Antecedentes
En una primera respuesta, Subpesca entregó parte de la documentación, pero denegó otros antecedentes al estimar que correspondían a deliberaciones previas a resoluciones aún pendientes y que su divulgación podía afectar derechos comerciales o económicos de terceros.
Posteriormente, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por el solicitante y ordenó la entrega de la información requerida, estableciendo que se trata de antecedentes de naturaleza pública y vinculados a información ambiental, por lo que existe un evidente interés público en su conocimiento. Asimismo, dispuso que previamente se tarjaran eventuales antecedentes financieros, contables, tributarios y datos personales de contexto.
Frente a ello, AquaChile interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, argumentando que la información solicitada formaba parte de procesos administrativos aún en trámite y que su divulgación podía afectar derechos comerciales, económicos y estratégicos de la compañía. Sin embargo, el tribunal de alzada rechazó dicha acción y ratificó lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, manteniendo la obligación de entrega de los antecedentes solicitados.
La controversia no ha concluido completamente, ya que Empresas AquaChile elevó posteriormente el caso a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, que aún debe ser resuelto.
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