La Asociación Gremial de Buzos Profesionales de Chile manifestó su disconformidad con el proyecto de ley que regula el contrato especial de buceo y establece nuevas obligaciones en seguridad y salud laboral, iniciativa recientemente aprobada por el Congreso. Según la organización, pese a reconocer la necesidad de modernizar el marco regulatorio, la tramitación no consideró sus observaciones técnicas ni su experiencia directa en faenas submarinas, lo que calificaron como una señal de postergación hacia un sector que cumple funciones críticas en diversas industrias del país.
El proyecto de ley reconoce el ejercicio profesional del buceo, incorpora un contrato especial, fija obligaciones reforzadas en materia de seguridad y salud laboral, establece un registro de servicios de buzos, mejora el acceso a cámaras hiperbáricas y regula protocolos ante accidentes, además de fijar el 18 de diciembre como el Día Nacional de las y los Buzos. Sin embargo, la Asociación sostuvo que gran parte de estas materias ya se encontraban contempladas en regulaciones vigentes y que el proceso legislativo no garantizó una participación efectiva del gremio.
Acusan falta de diálogo
En su declaración, la organización señaló que “lamentamos profundamente el proceder del Gobierno, que con su actuar no solo ha desoído la posición legítima de la principal asociación sindical de buzos profesionales del país, sino que además ha desconocido nuestra constante disposición al diálogo durante los últimos dos años”. El gremio afirmó que la iniciativa “no logra mejorar de manera sustantiva la protección de quienes ejercen el buceo profesional, a pesar de reconocer la necesidad de avanzar en mayores estándares de seguridad y fiscalización”.
La Asociación advirtió también que no se les permitió revisar el reglamento técnico que deberá elaborar el Ministerio del Trabajo para aplicar la ley, lo que consideran una omisión grave dado que dicho reglamento definirá las condiciones operativas del ejercicio profesional. En el documento enfatizaron que “el proceso legislativo incumplió las directrices del Convenio 155 de la OIT, que establece la obligación de consultar a las organizaciones representativas de trabajadores en materias relativas a seguridad y salud en el trabajo”. Para el gremio, esta exclusión se traduce en una regulación que “no recoge las necesidades reales del buceo profesional ni reconoce adecuadamente la complejidad de estas faenas”.
La Asociación Gremial sostuvo que continuará poniendo a disposición su conocimiento técnico para contribuir a una regulación efectiva y llamó a acelerar la elaboración del reglamento que complementará la ley, insistiendo en que “solo un diálogo técnico y participativo permitirá mejorar las condiciones laborales y de seguridad en un oficio históricamente expuesto a riesgos elevados”.
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