ONG’s valoran sanción contra Cooke y la empresa acusa ambientalismo extremo

La sanción aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a Cooke Aquaculture Chile por incumplimientos en tres centros de cultivo ubicados al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael sigue generando debate. Una carta publicada en El Mercurio por representantes de ONG FIMA, Codesal y Aisén Reserva de Vida valoró la investigación que constató sobreproducción, modificaciones de proyectos sin evaluación ambiental y operaciones fuera de concesión.

En la misiva, los dirigentes destacaron que la sanción incluyó una multa y la clausura parcial de instalaciones. “La empresa sobreprodujo y modificó sustantivamente los proyectos sin haberse sometido a evaluación ambiental, además de operar fuera de su área de concesión, cuestión que llevó a una multa económica y a ordenar la clausura de aquella parte de la operación que estaba funcionando ilegalmente”, señalaron.

Los firmantes cuestionaron además la reacción de Cooke, que acusó vulneración al Tratado de Libre Comercio con Canadá. “Lo anterior no solo es ilógico, ya que cuesta imaginar que un tratado comercial pueda blindar a una empresa para que incumpla las normativas del país en el que produce, sino que también es ficticio, puesto que en sus reacciones, los directivos de dicha compañía olvidan mencionar que aquello que se ordenó paralizar es precisamente una operación ilegal”, añadieron.

El debate de fondo radica en si las concesiones de Cooke se encuentran efectivamente dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael. Las ONG sostienen que sí y que esa condición agrava las infracciones detectadas por la autoridad. Desde la compañía, en cambio, se argumenta lo contrario.

Respuesta de Cooke Chile

La respuesta no tardó en llegar. Primero, el gerente general de Cooke Chile, Andrés Parodi, utilizó sus redes sociales para criticar a los autores de la carta, a quienes acusó de actuar con una agenda antiempresa y de incidir en decisiones estatales. “Hasta ahora nadie sabe quién los financia y cuáles son sus reales motivaciones y por cierto felicitarlos porque al parecer han permeado con su agenda anti empresa instituciones del Estado, mal utilizando o mejor dicho torciendo la palabra medio ambiente para colocarlos a ellos en un extremo y a las empresas en el otro”, escribió.

Parodi, acusó que los ambientalistas distorsionan los hechos. “Les gusta hablar de parque… Por favor muestren la latitud y longitud que a través de la ley definió los límites del Parque Laguna San Rafael y así de fácil pueden demostrar que estamos ‘dentro’. Por qué no se hace, fácil, porque no existe”, escribió.

Posteriormente, Parodi replicó en la misma sección de cartas de El Mercurio, donde defendió la legalidad de las concesiones y acusó arbitrariedad de la SMA. “La carta de tres dirigentes ambientalistas que defienden la actuación injusta, arbitraria y discriminatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de Cooke revela lo que todo el mundo sabe: el ambientalismo extremo, que no transparenta sus mecanismos de financiamiento, actúa en tándem con la SMA en contra de las empresas”, sostuvo.

Relocalizaciones

El ejecutivo recalcó que las concesiones de Huillines fueron otorgadas por el Estado en los años noventa, sujetas a normas especiales, y que en 2023 la compañía suscribió un acuerdo con ministros y subsecretarios para relocalizar esos centros lejos del área cuestionada. Dicho compromiso estableció que, mientras se ejecutara el proceso de traslado, la operación podía continuar bajo la normativa vigente y con pleno reconocimiento de los derechos adquiridos.

“Siempre hemos cumplido la normativa vigente y, sin embargo, la SMA y el ambientalismo extremo tienen más poder que la palabra empeñada de los ministros y subsecretarios de Estado, y su resolución implica, en los hechos, una expropiación indirecta, sin pago de indemnización por el daño causado”, advirtió.