Tras la primera Cuenta Pública del Pdte. Kast, el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) presentó el reporte Agenda de relevancia para la pesca artesanal, acuicultura y desarrollo costero 2026-2030, que sistematiza los compromisos del Ejecutivo, y desafíos que la actual administración deberá enfrentar en la implementación de leyes relevantes para los sistemas socioecológicos costeros. El documento, identifica 19 compromisos programáticos enunciados por la administración actual, a los que se suman 36 actos administrativos que se desprenden de 9 leyes de relevancia aprobadas durante la administración anterior. Cabe destacar que de estos 36 actos administrativos 19 de ellos se encuentran con sus plazos vencidos, lo que sin duda complejiza los desafíos que la nueva administración deberá abordar durante su gestión.
El análisis muestra que la agenda programática del gobierno se concentra principalmente en materias de institucionalidad, regulación y gestión pública. Entre los ámbitos destacados se encuentran la “agilización institucional” en la revisión de proyectos sometidos a evaluación ambiental, la reforma a la Ley N°20.249 que crea los Espacios Marino Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO), y la modernización institucional del sector pesquero y acuícola, incluyendo el fortalecimiento de capacidades de fiscalización y control.
Al mismo tiempo, el reporte advierte que algunas áreas aparecen ausentes dentro de la agenda programática inicial, especialmente género y desarrollo social, cambio climático y sustentabilidad.
El reporte usó como fuentes para su elaboración el Programa de Gobierno, la ronda de presentaciones realizadas entre el 25 de marzo y el 14 de abril por autoridades sectoriales del Ejecutivo ante comisiones legislativas del Congreso Nacional, además de los enunciados por el Presidente en su primera Cuenta Pública
Obligaciones legales pendientes
Por primera vez, el reporte incorpora una línea específica de seguimiento a desafíos de implementación derivados de leyes aprobadas durante la administración anterior. El reporte identifica 36 actos administrativos asociados a 9 leyes aprobadas durante la administración del presidente Boric (2022-2026). De ese total, 32 se encuentran pendientes de ejecución y 19 de ellos ya están fuera del plazo establecido por la legislación para su cumplimiento. Estas obligaciones involucran principalmente a los ministerios de Economía, Fomento y Turismo; Medio Ambiente; Trabajo y Previsión Social; y Obras Públicas, junto con otras reparticiones públicas con responsabilidades sectoriales.
Para Francisca Reyes, autora principal del reporte e investigadora del SECOS, “este reporte, al identificar los desafíos de implementación pendiente de leyes aprobadas muestra el tremendo desafío que, en la práctica, significa para las capacidades del Estado asumir la correcta implementación de los cuerpos legales que se aprueban. En la práctica esta “herencia” aumenta y complejiza el programa de gobierno original del Presidente Kast en estas materias, y pone un grado adicional de exigencia a un Estado al que, muy probablemente, ya hoy le faltan recursos y capacidades para cumplir a tiempo con sus obligaciones. El reporte también muestra que el cumplimiento de estas obligaciones requiere no solo dictar reglamentos, decretos u otros actos administrativos, sino también sostener mecanismos de coordinación que permitan materializar los objetivos de las leyes aprobadas”.
Para Reyes, también académica del Instituto de Desarrollo Sustentable UC, “estas cifras nos invitan a reflexionar sobre cómo se gestionan las transiciones políticas en Chile y la importancia de asegurar los recursos y capacidades para cumplir, a tiempo, con los compromisos que el Estado de Chile adquiere”, comenta.
Leyes clave para el seguimiento
Entre las leyes que requieren de implementación en este periodo importante destacar la Ley N° 21.752, sobre nuevo fraccionamiento pesquero, y la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ambas normas suponen desafíos relevantes para la institucionalidad pública, tanto por sus implicancias sectoriales como por la necesidad de avanzar en procesos de implementación administrativa.
El reporte también releva la entrada en vigor, desde el 1 de junio de 2026, de la Ley N° 21.798, sobre contrato de buzo profesional y actividades conexas. Esta materia resulta especialmente relevante para la agenda costera y pesquera, dado que regula condiciones laborales asociadas a actividades productivas de alto riesgo y vinculadas directamente con economías locales de la zona costera. El monitoreo incluye además procesos de adecuación normativa relacionados con la incorporación de criterios de igualdad de género en la conformación de comités de manejo y de administración de caletas, en el marco de las leyes N° 21.698 y N° 21.709, respectivamente.
En conjunto, este reporte de seguimiento y cumplimiento normativo permite ordenar la agenda inicial de la nueva administración en materias pesqueras, acuícolas y costeras, diferenciando compromisos programáticos, anuncios presidenciales y obligaciones legales pendientes. Esta distinción resulta relevante para observar la configuración de la agenda de Estado en la materia y para examinar las capacidades institucionales disponibles para hacer efectiva la implementación de las leyes de la República.
El reporte forma parte del trabajo de la Unidad de Ciencia y Políticas Públicas del Instituto Milenio SECOS.
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