Salmonicultura impugna medida que paralizó centros sin sanciones previas

En modalidad híbrida y con transmisión pública se realizó la audiencia de alegatos en el Tercer Tribunal Ambiental de las causas acumuladas R-18-2025 y R-20-2025, en que la empresa Cooke Aquaculture Chile S.A. cuestiona la legalidad de las medidas provisionales dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que ordenaron paralizar la siembra en los centros de cultivo “Huillines 2” y “Huillines 3”, ubicados en el fiordo Cupquelán, Región de Aysén.

Las medidas fueron dictadas a través de las resoluciones exentas N°543 y N°523, emitidas el 1 y el 31 de marzo de 2025 respectivamente. En su reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental, la empresa solicitó que se declare la ilegalidad de dichas resoluciones, de cualquier otra que las renueve o las replique en términos similares, y que se las deje sin efecto.

Durante la audiencia, el abogado de Cooke, Martín Gutiérrez Folch, afirmó que las medidas carecen de sustento técnico y calificó de desproporcionada la actuación de la autoridad ambiental. A su juicio, la paralización se basa en una interpretación infundada del riesgo. “Estamos ante dos centros de cultivo que han operado desde inicios de la década del 2000. Nunca se ha producido daño alguno al medio marino en el que operan”, sostuvo.

Añadió que aceptar la tesis de la SMA implicaría validar una lógica absurda. “Si aceptáramos la tesis de la SMA, tendríamos que aceptar que durante todo este tiempo ha existido en todo momento un riesgo inminente de daño ambiental, pero que por algún motivo nunca se materializa”, señaló Gutiérrez, quien también acusó que la SMA omitió antecedentes relevantes del expediente y presentó una interpretación sesgada del procedimiento sancionatorio instruido por ella misma.

Indefensión

Como tercero coadyuvante, el Consejo del Salmón intervino en la causa a través del abogado Edesio Carrasco Quiroga, quien centró su alegato en los efectos institucionales que podría tener la aceptación de la tesis de la SMA. El abogado advirtió que este caso no solo involucra a una empresa en particular, sino que tiene implicancias para toda la industria salmonicultora nacional.

“Aquí hay una materia de interés público que trasciende a Cooke: estamos frente a una situación que afecta a muchos otros operadores que cuentan con concesiones anteriores a la vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, afirmó. En esa línea, Carrasco sostuvo que la falta de un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las medidas abre un riesgo sistémico. “En consecuencia, es fundamental que este tribunal se pronuncie sobre la legalidad de estas medidas, pues de lo contrario se instala un bucle de indefensión en que las medidas se renuevan sin que haya pronunciamiento de fondo”.

Postura de la SMA

Por parte de la SMA alegó la abogada Katharina Buschmann Werkmeister, quien sostuvo que en ambos centros se detectó un aumento significativo en los niveles de producción sin contar con evaluación ambiental previa, configurándose una hipótesis de elusión al SEIA. “Hay indicios claros de una infracción de elusión (…) Hay un riesgo ambiental relevante porque estos proyectos han operado sin una resolución de calificación ambiental previa y sin evaluación de sus impactos (…) y ese riesgo es mayor aún porque se trata de actividades realizadas dentro de un parque nacional”.

La autoridad precisó que, según los antecedentes técnicos presentados por la propia empresa ante Sernapesca, en el CES Huillines 2 se detectó un aumento superior a 375 toneladas, y en Huillines 3 de unas 125 toneladas, por encima del umbral de 35 toneladas que exige ingreso al SEIA. “Las toneladas de producción tienen directa relación con las emisiones al medio marino: excretas, alimentos no consumidos y fecas afectan la columna de agua, el fondo marino y la biodiversidad. El riesgo no es genérico, está científicamente respaldado y justifica una medida preventiva”.

Buschmann también argumentó que el peligro en la demora estaba debidamente fundado, dado que la siembra era inminente y los centros se encuentran dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, una zona de alta sensibilidad ambiental.

La reclamación fue escuchada por los ministros Juan Ignacio Correa Rosado, Cristián López Montesinos y Javier Millar Silva. La audiencia quedó registrada públicamente y la causa continuará en etapa de resolución.