Cooke advierte que clausura de sus centros salmoneros vulnera el TLC entre Chile y Canadá

La empresa canadiense Cooke Aquaculture Chile rechazó en duros términos la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que dispuso la clausura de dos de sus centros de cultivo ubicados en el Parque Nacional Laguna San Rafael, Región de Aysén, además de aplicar una multa superior a 1.600 UTA, equivalente a cerca de US$ 1,4 millones.

De acuerdo con el regulador, la compañía incurrió en ocho infracciones ambientales en los centros Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3, que incluyeron la superación de la producción autorizada en más de un 22 %, modificaciones de proyectos sin evaluación ambiental, instalación de estructuras fuera del área de concesión y la presencia de residuos acuícolas en el borde costero. La SMA determinó la clausura total de Huillines 2 y 3, sanción que deberá ser ratificada por el Tribunal Ambiental.

Actuación sesgada y anti empresarial

Cooke reaccionó acusando un cambio de criterio injustificado del organismo fiscalizador, que a su juicio contradice la posición de la Subsecretaría de Pesca. En una declaración pública, la compañía señaló que la medida “confirma la actuación sesgada, anti empresarial y al margen del espíritu y la letra de la legislación vigente”, añadiendo que la SMA actúa como “juez y parte” en los procesos sancionatorios.

La firma sostuvo además que la decisión constituye un “acto expropiatorio, ilegal y discriminatorio”, y que responde a una postura radical contra la salmonicultura: “La SMA ha adoptado una posición extrema en contra de la actividad acuícola, pretendiendo su desaparición mediante el acoso administrativo”, advirtió.

La empresa también cuestionó que el regulador no considerara la prueba pericial solicitada por la misma SMA, que según Cooke descartaría la existencia de daños ambientales. En paralelo, recordó que el Gobierno firmó un protocolo de relocalización voluntaria, con el entonces ministro de Economía y hoy ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que garantizaba derechos adquiridos mientras las compañías invertían en trasladar sus operaciones fuera de áreas protegidas.

Cooke enfatizó que la sanción afecta los compromisos internacionales de Chile, al señalar que vulnera el Tratado de Libre Comercio con Canadá, lo que podría derivar en un conflicto diplomático. La empresa anunció que recurrirá a todas las instancias legales para revertir la resolución, abriendo un nuevo frente judicial en la tensión entre desarrollo productivo y conservación ambiental.