La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió a representantes de los principales gremios salmoneros del país, con el objetivo de recabar antecedentes sobre la situación actual de la salmonicultura chilena y su desarrollo a nivel nacional y global. En la instancia participaron Patricio Melero, presidente de SalmonChile; Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón; y Carlos Odebret, presidente de Salmonicultores de Magallanes.
La sesión permitió a los tres representantes exponer, desde sus respectivos ámbitos, los principales factores que actualmente condicionan la actividad. Entre ellos estuvieron el nuevo arancel de 12,5% aplicado por Estados Unidos, las restricciones al desarrollo de nuevos proyectos, la situación regulatoria de las concesiones, el impacto económico y laboral de la actividad y, particularmente en Magallanes, los plazos asociados a distintos procedimientos administrativos.
SalmonChile aborda impacto arancelario y restricciones al crecimiento
El primero en intervenir fue Patricio Melero, quien centró su exposición en lo que definió como una combinación entre el nuevo arancel estadounidense y una serie de «aranceles invisibles» asociados a restricciones regulatorias que, a su juicio, están afectando la competitividad de la salmonicultura chilena.
Melero señaló que el arancel de 12,5% aplicado por Estados Unidos representa un impacto directo para las exportaciones chilenas de salmón. De acuerdo con las cifras presentadas ante la comisión, durante 2025 Chile exportó cerca de US$2.600 millones en salmón hacia ese mercado, por lo que el dirigente estimó un costo anual del orden de US$325 millones asociado a la sobretasa.
«El arancel del 12,5 que acaba de aplicar Estados Unidos desde el 24 de julio pasado y que se está ya cobrando, significa un impacto directo, presidente, si usted multiplica más o menos los 2.600 millones de dólares que exportó Chile de salmón a Estados Unidos el año 2025 y lo multiplica por 12,5, que es el nuevo impuesto o la tarifa nueva, ya tiene usted un impacto directo del orden de 325 millones anuales de costo por la sobretasa de esta sección 301 vigente en el salmón chileno.»
El presidente de SalmonChile también planteó ante los parlamentarios la situación generada por el reciente fallo del Tribunal Constitucional respecto de las microlocalizaciones, señalando que, según las cifras expuestas, más de 800 solicitudes permanecerían paralizadas y que en los últimos diez años solo se habría autorizado una nueva localización.
En materia comercial, Melero sostuvo además que el gremio participó en las instancias formales abiertas por Estados Unidos durante la investigación y que Chile presentó argumentos vinculados, entre otros aspectos, a la inexistencia de una oferta doméstica suficiente para sustituir al salmón chileno en ese mercado. Según explicó, alrededor del 80% del consumo de salmón de Estados Unidos corresponde a producto importado.
«Estados Unidos no tiene oferta doméstica disponible para sustituir la importación de salmón chileno. Estados Unidos, Presidente, no produce salmón de forma relevante como para abastecer el mercado norteamericano. Y me refiero especialmente al salmón atlántico, que es la especie más importante que se comercializa en Estados Unidos.»
El dirigente gremial añadió que el impacto de la medida no se limitaría a Chile, debido a la presencia de empresas y proveedores estadounidenses vinculados a la cadena productiva y comercial del salmón chileno. También sostuvo que el producto representa una de las exportaciones chilenas no mineras más expuestas al nuevo arancel.
Consejo del Salmón pone énfasis en una política de desarrollo de largo plazo
Posteriormente intervino Loreto Seguel, quien destacó ante la comisión la importancia de que los tres gremios pudieran exponer conjuntamente sobre la realidad de la actividad. La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón señaló que la salmonicultura constituye, después del cobre, el segundo producto más exportado de Chile y que el sector genera impactos económicos y laborales que se extienden más allá de las regiones australes.
Seguel sostuvo que los resultados de exportación registrados durante 2026 deben analizarse considerando el contexto de una industria que, según planteó, ha debido enfrentar años de crecimiento acotado y restricciones para desarrollar nuevos proyectos. En su presentación señaló que las concesiones se encuentran suspendidas desde 2020 y que el sector acumula más de 16 años sin nuevas relocalizaciones.
«Ante una industria que ha sido altamente creativa, resiliente, ha hecho esfuerzos para hacer eficientes sus mismos niveles de producción pero eso por supuesto que es finito y después de llevar más de dieciséis años sin ninguna nueva relocalización o efectivamente los años que llevamos con crecimientos bastante marginales, es muy difícil seguir manteniendo la competitividad y seguir siendo parte del motor del sur de Chile.»
La representante gremial planteó que uno de los desafíos pendientes es contar con una política de Estado para la acuicultura y avanzar en materias regulatorias y legislativas. En ese marco, comparó la evolución de Chile con la de países productores como Noruega y Escocia y sostuvo que la discusión sobre crecimiento debe incorporar criterios de sostenibilidad y competitividad.
Seguel también expuso el impacto territorial de la actividad, señalando que la salmonicultura involucra una cadena productiva que alcanza a ocho regiones y 15 puertos, además de mantener vínculos con sectores como la agricultura. Según explicó, el Consejo del Salmón encargó estudios destinados a cuantificar estos encadenamientos productivos y su aporte al desarrollo nacional.
En materia laboral y de estándares internacionales, la presidenta ejecutiva del gremio destacó el trabajo desarrollado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ChileValora y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También abordó la formación y profesionalización de trabajadores vinculados a la actividad acuícola.
«Para nosotros el tema laboral, tener la fuerza laboral más importante del sur de Chile, desde el Consejo del Salmón, es una tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad creo que no solo hay que verbalizarla, sino que dar hechos concretos que muestren la relevancia de cómo nos preocupa y nos ocupamos de que somos una industria global con impacto local.»
Seguel agregó que el gremio mantiene una agenda vinculada a derechos humanos y debida diligencia junto con la OIT, además de iniciativas de profesionalización de oficios relacionados con la actividad. Entre ellas mencionó la creación del perfil de buzo acuícola y el desarrollo de perfiles vinculados a operadores de ROV, en el contexto de los procesos de automatización que experimenta la industria.
Salmonicultores de Magallanes aborda restricciones para nuevas inversiones
El último de los representantes gremiales en intervenir fue Carlos Odebret presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, quien concentró su exposición en las condiciones productivas y sanitarias de la región y en las restricciones que, según planteó, dificultan la materialización de nuevas inversiones.
Odebret definió a Magallanes como una zona estratégica para el desarrollo futuro de la salmonicultura y destacó sus indicadores sanitarios. Según los antecedentes presentados ante la comisión, la región registra una mortalidad promedio anual de 5,9%, equivalente a una sobrevivencia de 94%, mientras que el dirigente comparó estos indicadores con los registrados en Noruega, Canadá y Escocia.
«Magallanes es desde nuestra perspectiva la última frontera para la salmonicultura, es una zona increíble y no porque nosotros lo digamos, sino porque Magallanes hoy mantiene la mejor condición sanitaria del país, con una mortalidad promedio anual de un 5,9%, esto es un 94% de sobrevivencia que frente a Noruega, por ejemplo, que tiene un 15% de mortalidad, Canadá, otro 15%, Escocia un 17%, da cuenta de que tenemos una condición sanitaria única en el mundo.»
En su presentación, el dirigente abordó también el número de proyectos que permanecen sin materializarse producto de la tramitación de concesiones. De acuerdo con los datos expuestos, existirían 22 solicitudes con Resolución de Calificación Ambiental aprobada que representan más de 120 mil toneladas de potencial productivo y cerca de US$250 millones en inversiones paralizadas entre pisciculturas, centros de engorda y plantas de subproductos.
Odebret puso especial énfasis en los plazos asociados a los procedimientos administrativos en Magallanes. Entre ellos mencionó una solicitud de Espacio Marino Costero de Pueblos Originarios (EMPO) presentada en 2018, que, según indicó, acumula 102 meses de tramitación, mientras que el informe de uso consuetudinario correspondiente tendría un plazo legal de un mes y ya alcanzaría 95 meses de espera.
Finalmente, el presidente de los Salmonicultores de Magallanes planteó ante la comisión que el desarrollo de la actividad y los objetivos de conservación pueden coexistir bajo criterios técnicos y una adecuada definición de los usos del territorio.
«Reconocer como criterio rector que la conservación y la salmonicultura en Magallanes y en cualquier parte son compatibles, entendiendo las distintas áreas y los tamaños de lo que estamos hablando. Creo que son absolutamente compatibles y para eso se necesita un criterio técnico”.
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