Acusan “estrategia de paralización judicial” contra inversiones acuícolas en Magallanes

En una carta enviada al diario La Prensa Austral, el presidente de los Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, cuestionó el uso creciente de litigios judiciales para frenar proyectos productivos en la región, advirtiendo sobre su instrumentalización por parte de organizaciones no gubernamentales sin vínculo territorial.

“Cuando esa influencia se canaliza a través de litigación sistemática y sin arraigo territorial, emerge una disyuntiva ineludible: ¿cuándo el litigio legítimo se convierte en una estrategia de paralización?”, plantea Odebret en el inicio del texto.

El dirigente señala como ejemplo la estrategia impulsada por el grupo Comunidades Kawésqar Nómades del Mar, liderado por Leticia Caro, en coordinación con ONGs como FIMA, AIDA y Greenpeace. De acuerdo con el presidente del gremio, han promovido “6 recursos de protección ante la Corte de Apelaciones —incluyendo uno reciente por el rechazo a una solicitud de tierras fiscales— y 11 reclamaciones ante el Tribunal Ambiental contra distintos proyectos de inversión: centros de cultivo, plantas industriales y obras públicas, sin distinción de escala ni origen”.

Uno de los casos más relevantes es la solicitud de ECMPO “Kawésqar-Última Esperanza”, presentada en 2018. Odebret recuerda que “declaró abiertamente que su propósito era ‘detener el avance de la salmonicultura en la región’”, y detalla que el expediente aún está abierto pese a que la Corte Suprema rechazó el reclamo en 2023: “Este trámite podría extenderse por otro lustro si no hay gestión del Estado. Así, más de 40 solicitudes de concesión acuícola permanecerán paralizadas por más de una década, sin resolución de fondo”.

«Colonialismo verde»

El presidente del gremio acusa que las ONG han aprendido a operar dentro del sistema para lograr los mismos efectos que una negativa administrativa: “Han aprendido a usarlas para lograr, sin aprobación formal, el mismo efecto que una negativa administrativa o judicial”.

En ese marco, critica que muchas veces se litigue “desde fuera del territorio, sin diálogo, sin vínculos reales con las comunidades del entorno, y sin hacerse cargo de las consecuencias sociales de paralizar proyectos productivos”. Y cuestiona que el activismo ambiental se limite a campañas digitales: “Cuando una ONG como Greenpeace celebra una resolución judicial con una publicación en redes que invita a ‘activarse’ compartiendo o dando like, la justicia ambiental se reduce a una militancia superficial: un activismo del clic, librado desde la comodidad del algoritmo, pero que afecta profundamente la vida en los territorios”.

Incluso, recuerda que desde el mismo mundo indígena se han levantado críticas a esta forma de operar. “El dirigente kawésqar Juan Carlos Tonko ha descrito este fenómeno como una forma de ‘colonialismo verde’, en el que el discurso ambientalista sustituye a las comunidades en la toma de decisiones y transforma sus causas en una vitrina internacional”. A su vez, cita al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien en 2020 advirtió que “el juicio se convierte en el espacio sustituto del diálogo político, y la acción ambiental se transforma en una trinchera ideológica”.

Finalmente, Odebret hace un llamado a una gobernanza ambiental equilibrada: “No se trata de oponer ecología y economía, ni mucho menos de contraponer pueblos indígenas con empresas. Se trata de proteger el medioambiente con reglas claras, participación auténtica y decisiones que consideren también el desarrollo humano”.