Más de 620 mil hectáreas en disputa bajo Ley Lafkenche reabren debate acuícola

La tramitación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) bajo la Ley Lafkenche volvió a tensionar la relación entre comunidades solicitantes, autoridades y la industria acuícola, luego de nuevos movimientos judiciales en la Región de Aysén y cuestionamientos surgidos en la Región de Los Lagos, que desde el sector salmonicultor advierten como generadores de incertidumbre jurídica para la actividad.

Según publicó El Mercurio, en el caso de Aysén, una comunidad indígena volvió a impulsar acciones para impugnar el rechazo unánime de una solicitud de ECMPO que abarcaba más de 620 mil hectáreas, pese a que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) emitió un pronunciamiento transversal desfavorable tras retrotraer el procedimiento, en cumplimiento de lo ordenado previamente por la Corte Suprema. La solicitud forma parte de un proceso que se ha extendido por cerca de ocho años y que, tras el nuevo pronunciamiento, fue nuevamente objetado por la comunidad Pu Wapi.

Desde la comunidad sostienen que la CRUBC habría interpretado erróneamente el fallo del máximo tribunal, al asumir que este ordenaba rechazar la solicitud, cuando a su juicio exigía un esfuerzo efectivo de ponderación y compatibilización entre los usos consuetudinarios indígenas y las actividades productivas existentes. Asimismo, acusan que no se consideraron propuestas de reducción del área solicitada ni se habilitaron nuevas instancias de diálogo, lo que los llevó a solicitar que se ordene a la comisión dictar un nuevo pronunciamiento ajustado estrictamente a los lineamientos del fallo judicial.

Frente a esta situación, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, señaló que el Gobierno Regional dio estricto cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, la cual ordenó retrotraer el procedimiento y volver a pronunciarse, lo que se concretó el pasado 9 de diciembre. En esa línea, sostuvo que resulta esperable que quienes no estén conformes con un rechazo unánime y transversal busquen objetar la decisión adoptada por la comisión.

Desde SalmonChile, su gerente de Asuntos Corporativos, Tomás Monge señaló que «cualquier acción judicial implica tiempo y recursos adicionales, lo que en la práctica significa una nueva dilación de un proceso que ya lleva casi 8 años». Agregó que este recurso «es una clara señal de que los solicitantes no quieren acatar lo resuelto por una amplia mayoría».

El caso del ECMPO Mañihueico Huinay en Hualaihué

En paralelo, en la Región de Los Lagos surgió una nueva fuente de inquietud para el sector acuícola, luego de que el 23 de diciembre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aprobara el plan de administración del ECMPO Mañihueico Huinay. Desde la industria salmonicultora acusan que el sector quedó excluido de dicho plan, pese a la existencia de actividad productiva y concesiones en el área, lo que a su juicio incrementa la incertidumbre jurídica para el desarrollo de la actividad.

El abogado y fundador de la Consultora Borde Costero, Patricio Flores, explicó que la tramitación de este ECMPO se ha extendido por aproximadamente 15 años y que durante ese período se desarrollaron múltiples instancias de diálogo entre comunidades y actores productivos. Sin embargo, advirtió que la exclusión de la salmonicultura del plan de administración podría generar efectos perjudiciales graves, como la denegación de solicitudes de concesiones marítimas y acuícolas existentes, la falta de mecanismos de compatibilización con los fines del espacio y obstáculos para modificar proyectos técnicos vigentes, incluyendo ampliaciones de biomasa autorizada y ajustes sujetos a evaluación ambiental.

Flores agregó que esta situación podría afectar la tramitación de nuevas solicitudes o ajustes técnicos necesarios para la continuidad operativa, impactando directamente la planificación productiva y las decisiones de inversión del sector. A su juicio, la omisión de la salmonicultura en el plan de administración no solo desconoce un proceso participativo documentado, sino que además instala un precedente preocupante para la implementación de la Ley Lafkenche, con potenciales efectos sobre la legitimidad institucional.

Deliberadamente excluido

Desde SalmonChile, Tomás Monge calificó el escenario como una muy mala señal, señalando que, pese a haber participado de buena fe en mesas de trabajo destinadas a armonizar la presencia de los distintos actores del borde costero, el sector fue deliberadamente excluido del plan y de la etapa final del proceso. Añadió que esta situación genera una pérdida significativa de confianzas y sienta precedentes complejos para futuras solicitudes en trámite.

Agregó que el plan de administración «define entre otros aspectos los métodos de resolución de conflictos y las reglas específicas para actuar dentro del espacio». Afirmó «al quedar excluidos, quedamos con muchas dudas sobre cómo se podrán desarrollar a futuro diferentes tramitaciones, como concesiones marítimas, relocalizaciones, ampliaciones y aspectos operacionales básicos para nuestra actividad».