Este martes, pescadores artesanales protagonizaron una serie de movilizaciones en distintos puntos del país, con especial foco en la Región de Valparaíso, en demanda de una distribución más justa de las cuotas pesqueras. Las manifestaciones incluyeron el levantamiento de barricadas en San Antonio, Caleta Portales y Caleta El Membrillo, en la comuna de Valparaíso, y contaron con la participación de diversas agrupaciones y movimientos del sector.
Entre las demandas de los manifestantes se encuentra la oposición a que la industria retome la pesca de arrastre para la captura de la jibia, una práctica que consideran perjudicial para la sostenibilidad del recurso. Asimismo, exigen un fraccionamiento más equitativo de las cuotas pesqueras, planteando que el 70% de la merluza se destine a la pesca artesanal, al igual que el 90% de la jibia. Además, solicitan la restitución del 30% del jurel para el sector artesanal, con el fin de garantizar una distribución más justa y fortalecer su actividad.
Frente a esta situación, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) emitió un comunicado público, en el que reafirmó la urgencia de discutir la Ley de Fraccionamiento. El proyecto busca “corregir una distribución injusta de recursos” entre la pesca artesanal e industrial y se ha considerado como el «corazón» de la Ley de Pesca.
Tramitación
Desde Subpesca recordaron que el Gobierno presentó la Ley de Fraccionamiento en septiembre de 2024 y que el Ejecutivo ha solicitado “urgencia de discusión inmediata” desde su ingreso al Senado en noviembre del mismo año. En enero de 2025, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado despachó el proyecto. Es así que actualmente se encuentra en proceso de presentarse ante la Comisión de Hacienda y la presidencia del Senado, con el objetivo de acelerar su tramitación.
En cuanto a las protestas, la Subsecretaría reconoció el “legítimo derecho” de los pescadores a demandar una mayor justicia distributiva. Sin embargo, manifestó su rechazo categórico a las consecuencias que estas manifestaciones generan en la ciudadanía, ya que la población “no es responsable de los retrasos observados en la tramitación legislativa del proyecto de fraccionamiento”.
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