Reducir la incertidumbre con colaboración público-privada

Durante los últimos veinte años, la regulación de la salmonicultura en Chile ha evolucionado significativamente, marcada por la necesidad de enfrentar crisis sanitarias, fortalecer la protección ambiental y ordenar territorialmente la actividad. Un hito clave fue la implementación del Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA, D.S. N°320/2001), que estableció exigencias rigurosas en materia de monitoreo, operación y cumplimiento ambiental, consolidando este ámbito como eje central de la regulación sectorial.

La crisis del virus ISA representó un punto de inflexión, dando origen a un nuevo modelo de gestión basado en la coordinación territorial entre concesiones y el fortalecimiento de medidas de bioseguridad, establecidas en el D.S. N°319/2001. Entre las principales acciones se incluyeron la agrupación de centros de cultivo, descansos sanitarios sincronizados y el control de densidades productivas. Posteriormente, entre 2013 y 2019, se intensificaron los sistemas de monitoreo, reportabilidad y fiscalización, integrando de manera más estricta los permisos ambientales y sectoriales.

En la década de 2020, el enfoque regulatorio ha profundizado en la trazabilidad, la transparencia y el aumento de las exigencias técnicas, con una fiscalización más robusta por parte del Estado. Las reformas recientes priorizan la protección de los ecosistemas, incorporando nuevas obligaciones en materia de residuos y emisiones. En este contexto, la Ley SBAP surge como un instrumento clave para reforzar la conservación marina, aunque su implementación aún se encuentra en desarrollo.

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