
El martes 3 de marzo el Consejo del Salmón participó en la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley que establece la necesidad de contar con un reglamento previo para la definición de nuevos sitios prioritarios en la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
En representación del gremio salmonicultor, Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón y Rodrigo Pinto, director corporativo, presentaron ante los parlamentarios los principales antecedentes técnicos asociados al impacto regulatorio de esta materia.
Como una señal que fortalece la institucionalidad ambiental del país, el Consejo del Salmón valoró la aprobación en general y en particular del proyecto presentado por el diputado Benjamín Moreno, iniciativa que busca ordenar la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en momentos en que el reglamento general del SBAP se encuentra en proceso de consulta ciudadana.
Reglas claras
La sesión tuvo como único punto en tabla la discusión de este proyecto, instancia en la que Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, destacó la importancia estratégica de contar con reglas claras antes de avanzar en nuevas declaratorias.
“La dictación previa de un reglamento no es un trámite formal, sino una condición habilitante para asegurar coherencia técnica, evitar discrecionalidades y reducir espacios de judicialización. Hoy más que nunca la industria y los trabajadores requieren certezas para poder desarrollarse y, tal como nos ha señalado el Presidente electo, transformarnos en la primera potencia mundial de exportación de salmón”, señaló Loreto Seguel.
La nueva norma busca establecer reglas claras y procedimientos previamente definidos para la determinación de nuevos sitios prioritarios; Otorgar mayor fortalecimiento de la coherencia institucional; y entregar mayor certeza jurídica tanto para la protección de la biodiversidad como para el desarrollo e las actividades productivas en los territorios.
Hoy estos criterios técnicos previamente establecidos, profundizan la incertidumbre y frena inversiones, señalan desde la industria, perjudicando el empleo y las actividades productivas del país.
“Valoramos el avance alcanzado en esta etapa del proceso legislativo y seguiremos aportando al debate con una mirada técnica, basada en evidencia y con visión de largo plazo, convencidos de que Chile puede compatibilizar la protección de su patrimonio natural con el desarrollo sostenible de sus regiones”, agregó Seguel.
El proyecto pasará ahora a la Sala de la Cámara para su votación durante la semana del 16 de marzo.


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