Australis impugna a la SMA por bloqueo a plan ambiental correctivo por sobreproducción

El Tercer Tribunal Ambiental escuchó los alegatos en la reclamación interpuesta por Australis Mar S.A. contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), luego de que esta rechazara su solicitud de reformulación y recalificación de cargos en un procedimiento sancionatorio por sobreproducción de salmones en el centro Estero Retroceso, emplazado dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, Región de Magallanes.

La resolución impugnada —dictada por la SMA— declaró improcedente la presentación de un Programa de Cumplimiento (PDC), debido a que la infracción fue calificada como gravísima y no había transcurrido el plazo legal desde la aprobación de un PDC anterior. Australis argumentó que esa decisión contradice precedentes administrativos y que impide el acceso a un instrumento clave de corrección ambiental.

Trato desigual

En representación de la empresa, el abogado José Luis Fuenzalida sostuvo que no se trata de un trámite ordinario, sino de un caso de trato desigual: “La autoridad se desvió del principio de colaboración que debiera guiar la aplicación de los instrumentos orientados al cumplimiento, generando un escenario adverso para mi representada”.

Según expuso, Australis había incluido el ciclo productivo 2020-2022 en un programa de cumplimiento voluntario, presentado en un momento en que no existía impedimento legal alguno. Afirmó que la reducción operacional comprometida ya estaba en marcha cuando la SMA objetó la inclusión de ese ciclo y abrió un nuevo procedimiento sancionatorio. “A esa fecha en que se están respondiendo estas observaciones, ya la compensación propuesta estaba ejecutada de una manera irrevocable por parte del titular”, indicó el abogado.

Uno de los aspectos centrales de la controversia, según Fuenzalida, es la contradicción entre lo señalado en la formulación de cargos y el pronunciamiento posterior de la SMA. “En el resuelvo sexto se hace presente un impedimento para presentar un programa de cumplimiento. Pero cuando resolvió la solicitud de reformulación, la superintendencia sostuvo que se trataba solo de una consideración jurídica, sin franquear ninguna vía legal para superar ese obstáculo, generando un escenario de absoluta incertidumbre jurídica”, afirmó.

Aplicación del marco legal

En defensa de la resolución, el abogado de la SMA, Francisco Sepúlveda, sostuvo que la formulación de cargos no constituye una decisión definitiva ni genera indefensión. “La formulación de cargos es un acto trámite. No cierra un procedimiento administrativo y no impide el ejercicio del derecho a defensa. Al contrario, con ella se abre el procedimiento, y el titular puede presentar defensas y descargos”, explicó.

En relación con el impedimento para presentar un nuevo PDC, Sepúlveda recalcó que se trata de una aplicación directa del marco legal, y no de una decisión discrecional por parte de la autoridad. “Este escenario fáctico fue generado por la propia empresa. Fue Australis la que incurrió en dos infracciones distintas en periodos sucesivos: primero entre 2018 y 2019, y luego entre 2020 y 2022. No fue la Superintendencia del Medio Ambiente”, enfatizó.

Además de las partes principales, participaron como terceros intervinientes a través de representación legal conjunta Greenpeace Pacífico Sur y la Comunidad Indígena Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, quienes respaldaron la posición de la SMA. La comunidad Kawésqar enfatizó que el centro de cultivo se emplaza en un territorio ancestral y que su operación ha introducido un riesgo ambiental incompatible con su cosmovisión.

El tribunal dejó la causa en acuerdo y deberá resolver si la negativa de la SMA vulneró principios como la confianza legítima y el incentivo al cumplimiento, o si actuó conforme al marco normativo vigente al impedir la presentación de un nuevo programa en un caso calificado como infracción gravísima.